La Procuraduría General del Estado solicita que los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido paguen una reparación civil ascendente a 247.500 soles en caso sean hallados culpables del delito de obstrucción a la justicia en el marco de una investigación por presunta afiliación terrorista.
Infobae accedió a la resolución del juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley que incorpora a la Procuraduría como actor civil en el proceso contra los parlamentarios.
Este proceso por obstrucción a la justicia tiene su origen en la investigación que se le inició a Bermejo y Bellido, cuando no eran legisladores, en el distrito fiscal de Ayacucho por supuestamente estar afiliados a la organización terrorista Sendero Luminoso.
En dicha investigación, la Fiscalía de Ayacucho citó a declarar a Bobby Eddy Villarroel Medina, conocido como ‘Sacha’, para setiembre de 2021. Sin embargo, los parlamentarios “habrían realizado maniobras” para contactarse previamente con él y persuadirlo para que no asista a la diligencia fiscal. Debido a que esta acción habría sido cometida cuando ya ejercían como altos funcionarios, intervino la Segunda Fiscalía Suprema Penal.
“Hasta la presente etapa procesal la Procuraduría cumple con individualizar el tipo y alcance de los daños cuyo resarcimiento pretende y el monto que correspondería al tipo de daño que afirma haber sufrido (247.500 soles)”, determinó el juez Checkley.
El monto requerido por la PGE es provisional, es decir, mientras avance el proceso penal puede ser modificado en medida de que aparezcan nuevos elementos de convicción que puedan agravar el perjuicio al Estado.
El caso
En febrero de este año, la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal formalió la investigación preparatoria contra los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido por presunta obstrucción a la justicia en un proceso vinculado a delitos de terrorismo. Los parlamentarios están siendo investigados por supuestamente haber interferido en el testimonio del exmilitar Bobby Eddy Villarroel Medina, conocido como ‘Sacha’, quien estaba citado a declarar en un caso relacionado con la organización terrorista Sendero Luminoso.
La Dirección contra el Terrorismo (Dircote PNP) de Lima era el lugar donde debía llevarse a cabo la declaración. Aparentemente, los legisladores habrían ejecutado maniobras para comunicarse previamente con ‘Sacha’ a fin de persuadirlo de no testificar.
Infobae accedió a la disposición fiscal que indica que el contacto con el exmilitar se realizó a través del abogado Jhon Kleber Benites Tangoa, abogado vinculado al partido Perú Libre. La investigación señala que hubo una reunión entre el abogado y Villarroel Medina en un spa en La Victoria. Durante este encuentro, se habría ofrecido al exmilitar “apoyo logístico, asilo político y protección para el testigo y su familia”. La fiscalía considera que el abogado utilizó un tono “intimidante” al haberle dejado en claro a Villarroel Medina que Bermejo y Bellido “estaban en el poder y cualquier cosa le podría pasar”.
Aunque ‘Sacha’ no testificó ante la Dircote, posteriormente informó a la Fiscalía sobre lo ocurrido con el abogado Benites Tangoa. Las autoridades confirmaron mediante registros de seguridad del local en La Victoria que el abogado y el exmilitar estuvieron allí. Además, Villarroel asegura que el letrado representaba también al prófugo Vladimir Cerrón, cuya investigación está a cargo de la Fiscalía Antiterrorismo de Huánuco debido a que no es aforado.
La fiscal adjunta suprema Secilia Hinojosa Cuba decidió formalizar la investigación preparatoria contra los congresistas y estableció un plazo de ocho meses para las diligencias correspondientes. Sin embargo, consideró que no existen suficientes bases por el momento para solicitar medidas coercitivas como comparecencia con restricciones, impedimento de salida del país o prisión preventiva. Hinojosa solo ha dispuesto informar al juez supremo Juan Carlos Checkley sobre la continuación de la investigación y la imposición de comparecencia simple.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Bermejo y Bellido. Requerimiento al que accedió el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, decisión ratificada por la Sala Suprema Penal Permanente.
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