Perú disminuye superficie de cultivos de coca, pero deforestación sigue: actividad ilícita causa 20% de pérdida forestal

La superficie de cultivos de coca en Perú se ha reducido a 92 mil 784 hectáreas en 2023, según el informe de Monitoreo de Cultivos de Coca publicado por Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

Según el organismo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, la cifra representa una disminución de 2 mil 224 hectáreas en comparación con el año anterior, rompiendo así una tendencia de ocho años de crecimiento sostenido.

Carlos Figueroa, presidente ejecutivo de Devida, saludó la colaboración entre el Estado y diversas entidades, por evitar un crecimiento proyectado del 17% en la extensión de cultivos ilegales, un aumento que habría llevado la superficie cultivada a 109 mil 259 hectáreas, lo que se traduciría en la producción de unas 151 toneladas de droga.

El informe también señala que de los 13 departamentos monitoreados, 8 mostraron una reducción en los cultivos de coca. Las regiones de Ucayali, Loreto y Huánuco se destacaron por significativas disminuciones, sobre todo en zonas específicas como Bajo Amazonas, Putumayo, Callería, Aguaytía y Pichis-Palcazú-Pachitea.

Pero no todo son buenas noticias. Pues, un estudio del investigador Jaime García del Instituto de Estudios Internacionales de la PUCP —difundido por la agencia de prensa ambiental Inforegión— reveló que más del 20% de la deforestación en la Amazonía peruana entre 2011 y 2021 fue causada por cultivos de coca.

Según García, este tipo de deforestación tiene efectos más extendidos que otros debido a la quema inicial que implica la pérdida de biodiversidad y el uso intensivo de agroquímicos, lo que deteriora aún más los suelos.

García indicó que la deforestación es promovida directamente por narcotraficantes que identifican y ocupan áreas alejadas, pero accesibles, asegurándose de que tengan las condiciones agronómicas adecuadas para el cultivo de la hoja de coca.

Este patrón es diferente al de las décadas de 1980 y 1990, donde el desplazamiento para nuevos cultivos era mayormente espontáneo por parte de individuos en busca de tierras.

El investigador también ha expresado su preocupación por el impacto en las comunidades nativas, algunas de las cuales han sido cooptadas por organizaciones criminales, tanto en la mano de obra como en el cultivo y producción de drogas. En particular, mencionó a las comunidades del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde el narcotráfico ha tenido graves consecuencias.

Para combatir este problema, García recomienda aumentar la meta anual de erradicación de cultivos de coca y trabajar en la recuperación de los bosques deforestados.

Además, propone un esfuerzo coordinado entre el Estado, las comunidades nativas y la cooperación internacional, así como establecer una meta efectiva, como la erradicación de más de 35 mil 000 hectáreas anualmente, frente a las 25 mil 000 hectáreas actuales.