El abogado de la Orden Franciscana, Fabricio Valencia, calificó este jueves como “inédito” el conflicto legal que los frailes mantienen contra el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima) por la ejecución de obras en la Iglesia de San Francisco y tildó a su gerente, Luis Bogdanovich, de “pedante y poco educado”.
“Estamos ante un caso inédito. La Orden Franciscana está peleando contra el Estado, representado por Prolima y el Ministerio de Cultura, para que respete lo que es de todos, el patrimonio cultural”, dijo el letrado en una entrevista con Canal N al comentar una decisión en segunda instancia del Poder Judicial, que declaró improcedente la demanda de los frailes para detener los trabajos.
La Orden Franciscana, “con casi 500 años de historia en Perú”, sostiene que las obras de recuperación en la plaza, cerrada desde agosto de 2022, deben detenerse debido a su carácter patrimonial. Sin embargo, la comuna limeña que administra el alcalde Rafael López Aliaga se opone a la medida al remarcar que ha dejado una pérdida económica de 250,000 soles.
“No estamos felices ni a favor de la sentencia emitida. Tampoco nos sorprende. Sabíamos que era probable que en sede peruana tuviéramos una sentencia en contra. [...] No existe un estudio de impacto patrimonial aprobado por UNESCO. Prolima mostró documentos, pero nunca fueron aprobados. Si quieren intervenir San Francisco, cualquier obra debe estar aprobada por UNESCO a través de un estudio de impacto patrimonial, ese es el argumento de fuerza que tenemos”, detalló Valencia.
La Municipalidad de Lima, respaldada por el Ministerio de Cultura, ha defendido la legalidad de las obras. La disputa incluye otros actores, como la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, que también participa en el litigio y ha respaldado el fallo judicial. Esta postura, sin embargo, no es compartida por la defensa de los frailes.
“El Ministerio no está cumpliendo su labor. No porque apruebe la ejecución de obras significa que está oleado y sacramentado. Lamentablemente, ha obrado a favor de Prolima y ha autorizado la demolición del cerco perimétrico sin considerar un estudio de impacto patrimonial”, insistió el abogado.
También señaló que la falta de consenso se debe a la actitud de Bogdanovich, uno de los allegados al círculo de López Aliaga: “Siempre ha habido una actitud pedante y poco educada por parte del señor. Refiere que nos ha convocado a muchas reuniones, pero nunca ha sucedido. Siempre viene a imponer lo que van a hacer, sin una actitud comunicativa [...] Nosotros no vamos a claudicar en la defensa del patrimonio. Si tenemos que ir a la corte, lo haremos”, zanjó.
En la víspera, Bogdanovich había mencionado que la detención de las obras era “a causa del egoísmo y de la insensatez de 20 frailes que viven en este convento [...] porque este es un espacio público, no es espacio privado y se ha hecho con todos los procedimientos de ley”. El funcionario mencionó, además, que, de no haber ocurrido inconvenientes durante los trabajos, la inauguración de la Plazuela San Francisco debió concretarse en diciembre de 2022.
El enfrentamiento se originó en 2021, cuando los frailes denunciaron que se estaban realizando trabajos que atentaban contra el patrimonio histórico. Entre las acciones cuestionadas, se intentaba retirar el piso de la plazuela y eliminar el enrejado que limitaba el acceso. Además, la Orden acusó a la comuna de buscar la “reconstrucción de un muro pretil del siglo XVII”, al que calificaron de “falso histórico”, ya que no existía cuando el Centro Histórico de Lima fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1991.
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