El coronel Harvey Colchado no solo se enfrenta a un proceso disciplinario administrativo y a una posible detención por parte de la Fiscalía, según se informó previamente. Ahora su abogado, Miguel Pérez Arroyo, ha denunciado públicamente que el exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) presenta más de una amenaza de muerte en su contra.
La defensa legal de Colchado indicó que, producto de este escenario que pone en riesgo su integridad física, se ha visto obligado a alejarse de su familia en un intento por proteger a sus seres queridos de verse afectados por estas amenazas. Actualmente, el coronel PNP ya no vive en su domicilio y se ha mudado a una nueva vivienda desde hace meses.
“Desde hace meses, por temas personales y por motivos de seguridad, tiene un domicilio aparte y está separado de su vínculo familiar. Tiene amenazas de muerte por todos lados”, indicó el abogado en comunicación con La República. Pese a la situación adversa, Pérez sostuvo que Colchado es capaz de enfrentar estas situaciones. “Cualquier persona podría verse afectada por este tipo de embates y son más desagradables cuando se realizan en cumplimiento de su deber. Pero creo que el coronel está absolutamente preparado para soportar esto y más”.
Niega pedido de asilo a la embajada de Estados Unidos
Además de denunciar la situación en la que se encuentra el coronel Harvey Colchado, su abogado aprovechó en descartar versiones difundidas en otros medios de comunicación que deslizaron la posibilidad de que el exjefe de la Diviac haya solicitado asilo político en la embajada de Estados Unidos.
El abogado defensor indicó que esta desinformación forma parte de escenarios que algunos sectores políticos están promoviendo “para que las cosas salgan como ellos desean”.
“Hay que tener bastante cuidado con lo que se está haciendo y diciendo desde el poder, eso es muy peligroso para la democracia. Los verdaderos demócratas en este país deben estar atentos a lo que está ocurriendo con la corrupción en el poder”, indicó al diario.
Fiscalía y PNP habrían coordinado una posible detención de Harvey Colchado
El 26 de junio en horas de la mañana trascendió que el coronel Harvey Colchado estuvo cerca de ser detenido luego de que el Poder Judicial, declarara infundada (no procedente) una solicitud presentada por la Fiscalía. La negativa también incluyó a un presunto allanamiento de las oficinas de la Diviac.
Si bien la información brindada por La República indicaba que la jueza Enma Ortíz, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Surco habría rechazado este pedido, según el abogado del coronel Harvey Colchado, Miguel Pérez Arroyo, este juzgado no recibió ni tramitó esta solicitud, por lo que podría encontrarse en otro lugar aun sin confirmar. Hasta el momento, no se puede descartar la existencia de este documento o de un intento para detener al exjefe de la Diviac.
Las coordinaciones para elevar este pedido fueron realizadas por la Fiscalía Anticorrupción en coordinación con la Dirección Anticorrupción de la Policía Nacional del Perú.
En ese sentido, el abogado de Colchado sostuvo en Exitosa que esta solicitud de detención en contra del exjefe de la Diviac es una muestra de una “ojeriza institucional, en términos de abuso de poder que se estaría materializando o estuvo a punto de materializarse con un pedido oficial de allanamiento. Alguna unidad de la Fiscalía se habría prestado para eso también”
Durante la entrevista, Pérez Arroyo señaló como “muy evidente y grosero” lo que ocurre alrededor de la Diviac en referencia a una posible ‘degradación’ de la Diviac como grupo policial que enfrenta a la criminalidad organizada. También sostuvo que el deber de los miembros de esta división policial va “más allá de un régimen, de un partido político y más allá de quienes son inquilinos del poder... y encima son precarios”.
“Lo único que han hecho (Harvey Colchado y Franco Moreno, ahora jefe de la Diviac) es cumplir con su deber y cuando no lo han hecho en función de los intereses de quien en este momento tienen el poder lo que hacen es abrirles procesos e incluso a destruir a la propia instutción, absorverla a partir de movidas administrativas o de atacarla directamente”, aseguró.
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