Una empresa maderera ha invadido territorio de la tribu aislada Mashco Piro en Perú, dicen defensores indígenas. La empresa Canales Tahuamanu, o Catahua, posee una concesión de 50.000 hectáreas y ha estado talando árboles en la región desde 2010, revela una historia del Pulitzer Center. Defensores aseguran que esto viola leyes nacionales e internacionales diseñadas para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
A pesar de las denuncias, el gobierno peruano no ha intervenido para detener las actividades de tala. Un relator especial de la ONU solicitó en 2022 a la empresa que detuviera sus operaciones y respondiera a las acusaciones de posible “contacto forzado” con los Mashco Piro. Sin embargo, la empresa afirma cumplir con la legislación peruana, según declaraciones de su abogado Yony Picchotito a The Washington Post.
El conflicto ha escalado a enfrentamientos violentos. En 2022, dos trabajadores de la empresa fueron atacados y uno murió por flechas lanzadas por los Mashco Piro, quienes se consideran amenazados por la presencia de taladores en su territorio.
Existen aproximadamente 20 tribus en aislamiento voluntario en Perú, según datos oficiales. El gobierno ha otorgado concesiones madereras incluso en territorios donde se sabe que habitan tribus aisladas. Los Mashco Piro, cuyo número de habitantes se estima en 750, han dejado claro su descontento y miedo hacia los intrusos mediante señales como bloqueos en forma de X en los caminos de la jungla.
Defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales, como Human Rights Watch y la Asociación de Abogados de Estados Unidos, han expresado preocupaciones sobre la falta de acción del gobierno peruano para proteger a estas comunidades vulnerables. Cinco expertos independientes de la ONU han subrayado que cualquier contacto forzado o impacto en las tierras de los Mashco Piro es contrario a las obligaciones internacionales de Perú.
En 2016, un panel del Ministerio de Cultura de Perú propuso ampliar la reserva para los Mashco Piro y compensar a las empresas afectadas por los cambios. No obstante, estas recomendaciones no han sido implementadas por el gobierno.
La tensión es palpable en Nueva Oceanía, una aldea cercana compuesta por unos 100 indígenas relacionados étnicamente con los Mashco Piro. Los aldeanos denuncian que Catahua los ha atacado legalmente para silenciar su defensa. En 2018, la empresa presentó demandas contra ellos, cuestionando su identidad indígena y su derecho a la tierra.
El caso ha atraído la atención de relatores especiales de la ONU, que concluyeron que el juicio tuvo “violaciones del debido proceso”. La Federación Indígena local ha apelado ante la Corte Suprema de Perú.
Estas tácticas de acoso legal son comunes en América Latina, según Naomi Glassman-Majara, asesora legal de ABA. Los aldeanos temen por el futuro de los Mashco Piro y la continua deforestación de sus tierras ancestrales.
Leyes internacionales protegen a pueblos indígenas en aislamiento
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 16 de diciembre de 2005 un programa de acción orientado a proteger los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial, debido al riesgo de extinción que enfrentan. Este plan internacional recomendó la creación de un mecanismo global para supervisar su situación y la adopción de marcos de protección especiales a nivel nacional.
En noviembre de 2006, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos organizó un seminario regional en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en coordinación con el Gobierno de Bolivia, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. De este evento surgió el “Llamamiento de Santa Cruz”, reconocido por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en 2007.
Posteriormente, en 2007, la Oficina del Alto Comisionado inició el desarrollo de directrices de protección para los pueblos indígenas en aislamiento. Esta tarea implicó la recolección de información de siete países de la región amazónica y el Gran Chaco, en colaboración con el Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (CIPIACI), y la organización de un segundo seminario regional en octubre de 2007 en Quito, Ecuador, enfocado en diseñar políticas públicas y planes de acción para el derecho a la salud de estos pueblos.
En marzo de 2009, se realizó una reunión en Ginebra, Suiza, para revisar el primer borrador de las directrices, con la participación de gobiernos, organizaciones indígenas, ONG y expertos. Luego, en 2010, se llevaron a cabo varias consultas en Ecuador, Brasil, Colombia y Paraguay para afinar estos lineamientos.
Las directrices buscan ser una guía para las entidades involucradas en la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial, con el objetivo de contextualizar el derecho internacional de los derechos humanos y proteger a estos pueblos frente a su vulnerabilidad y riesgo de desaparición.
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