El pedido de investigación presentado en contra la presidenta Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional, en la que se la acusa de violación sistemática de los derechos humanos, ya ha sido informado ante la Organización de las Naciones Unidas. El último miércoles 26 de junio, la representante del pedido de investigación de Aprodeh y el FIDH, Gloria Cano, intervino en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para alertar de estas imputaciones al organismo supranacional.
En un acto sin precedentes, Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), no solo presentó el caso puesto en conocimiento de la Fiscalía de la CPI; sino también solicitó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se preste especial atención a la situación crítica que se vive en el país a raíz de las últimas normas aprobadas y que se buscan aprobar en el Congreso desde los últimos días de la legislatura pasada.
La abogada denunció que entre el 2022 y el 2023, el gobierno peruano cometió ejecuciones extrajudiciales y actos de violencia desproporcionada contra manifestantes. “Solicitamos al Relator y al Consejo no olvidar la situación de Perú, donde entre diciembre del 2022 y marzo del 2023, el Gobierno ha cometido ejecuciones extrajudiciales. Centenares de personas quedaron heridas como producto de un ataque sistemático contra manifestantes o personas percibidas como manifestantes”, señaló Cano durante su intervención en la audiencia.
Las acusaciones contra Dina Boluarte en los ojos del mundo
Según la letrada, las agresiones registradas durante dichos meses fueron perpetradas “principalmente contra hombres jóvenes e indígenas; y empleando, por parte de militares y policías, violencia desproporcionada e indiscriminada”.
Asimismo, la abogada detalló ante dicho Consejo, que es la encargada de revisar los hechos de abusos y graves violaciones a los derechos humanos en la Organizacion de las Naciones Unidas, que el Ejecutivo, comandado por Boluarte mantuvo una política asesina que continuó durante un periodo de tres meses. “Pese al conocimiento de los muertos y los heridos, la política asesina de las altas autoridades del Gobierno continuó durante casi tres meses, por ello consideramos que se cometieron delitos de lesa humanidad”, aseveró.
Después de notificar esta denuncia, la abogada pasó a explicar en qué consistía el documento presentado ante la Fiscalía de la CPI el último martes 25 de junio; señalando que se trataba de un pedido “de la apertura de una investigación por estos crímenes, todos ellos, producidos en un contexto de ruptura de orden democrático”. Para finalmente pasar a explicar la grave crisis de institucionalidad que se ha vivido en el país desde entonces.
“(Esta ruptura en el orden democrático) Ha sido marcado por un creciente autoritarismo, corrupción endémica y la captura de instituciones. Hemos denunciado un oscuro pacto de Gobierno entre la mayoría conservadora antiderechos del Congreso y el Gobierno actual, que permitió la liberación de Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad”, recordó la abogada también; haciendo referencia al indulto que el Tribunal Constitucional validó a inicios de este 2024, entrando en desacato directo con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Acusación se une a críticas por nueva Ley de Amnistía que el Congreso busca aprobar
Cabe destacar, que en su intervención, la abogada también alertó ante el Consejo de DDHH que la demanda se suscita en un periodo en el que incluso el Congreso de la República se encuentra a punto de aprobar la polémica ley de prescripción de los delitos de lesa humanidad que ha sido comprendida como una nueva ley de Amnistía y que facilita la impunidad.
“Así también el reciente avance en el Congreso de una ley de prescripción de los delitos de lesa humanidad, desconociendo, con esas medidas, la normativa internacional. La comunidad internacional no puede estar ajena a esta situación”; pidió la abogada.
Esta misma situación ha sido advertida por la Comisión contra la desaparición forzada de la ONU el pasado miércoles, por lo que se espera que la misma ONU presente un pronunciamiento más fuerte. De hecho, el último domingo, un total de cuatro relatores especiales también emitieron un pronunciamiento en conjunto con el que se alertaba los retrocesos democráticos a los que el Congreso sometía a la ciudadanía con normas de este tipo.
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