Condorcanqui contará con Cámara Gesell para proteger a víctimas de abuso sexual tras más de 500 denuncias

La provincia de Amazonas instalará este mecanismo para mejorar la toma de testimonios a menores que denuncian violaciones, así evitar su revictimización. A nivel nacional, el país cuenta con tan solo 108 cámaras Gesell operativas frente a miles de casos por atender

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Instalarán cámara Gessel en distrito de Condorcanqui para realizar las entrevistas en casos de violencia sexual, física y psicológica, con el fin de evitar revictimización. (UNFPA)
Instalarán cámara Gessel en distrito de Condorcanqui para realizar las entrevistas en casos de violencia sexual, física y psicológica, con el fin de evitar revictimización. (UNFPA)

En Condorcanqui, provincia en Amazonas, se instalará una Cámara Gesell tras registrarse más de 500 denuncias de abuso sexual contra menores de edad, presuntamente cometidos por profesores y auxiliares de educación. Este mecanismo tiene la finalidad de facilitar el proceso de entrevistas a niñas, niños y adolescentes, evitando así su revictimización.

La cámara Gesell, un espacio especializado para atender casos de violencia sexual, física y psicológica, se ubicará en la capital del distrito de Nieva. Actualmente, en el país solo se cuentan con 108 Cámaras Gesell y un 47% de ellas presenta dificultades operativas, según datos relevados. Estos dispositivos son cruciales para ofrecer protección a las víctimas, proporcionando un entorno adecuado para las entrevistas.

Una cámara Gesell requiere la intervención de profesionales en psicología y sistemas, quienes se encargan del registro y la grabación de las sesiones, así como del mantenimiento de los recursos tecnológicos necesarios para su funcionamiento.

Sobre la instalación de esta herramienta en la provincia de Amazonas, el alcalde de de Condorcanqui recibió a los representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA Perú), quienes anunciaron el inicio de los trabajos para la instalación de una cámara Gesell en Santa María, en el distrito de Nieva. Este proyecto busca mejorar la atención a sobrevivientes de violencia de género en la región.

Camara Gessel en Santa Maria de Nieva. (UNFPA)
Camara Gessel en Santa Maria de Nieva. (UNFPA)

Según los representantes del UNFPA, este recurso proporcionará un ambiente seguro para las víctimas y facilitará el trabajo de los profesionales que ofrecen apoyo a las sobrevivientes, lo que reforzará el compromiso de las autoridades locales con la justicia y la seguridad.

Tras la reunión en el despacho del alcalde, los presentes se trasladaron al mercado de Francisco Rodríguez Contreras para verificar el progreso de las obras de instalación de la cámara Gesell. Este recorrido permitió observar de cerca los avances del proyecto y comprender mejor el proceso de construcción.

El proyecto, denominado Nuwa Senchi, evidencia el compromiso de las organizaciones involucradas con la justicia y la igualdad, así como con la lucha contra la violencia de género en la región Amazonas. El UNFPA reafirmó su compromiso de seguir trabajando para promover la seguridad y el bienestar de las mujeres y niñas en esta zona.

Condorcanqui es la provincia amazónica que cuenta con la mayor población indígena por número de habitantes de todo el Perú

Mujeres awajún de cuatro departamentos se pronunciaron. Video: Epicentro

Demoras de Cámaras Gesell obstaculizan justicia para víctimas de abuso sexual

Un artículo de la Pasión por el Derecho, detalla que los procedimientos judiciales en Perú enfrentan un obstáculo significativo al tratar casos de abuso sexual en menores debido a las demoras en la programación de entrevistas en Cámara Gesell, una herramienta crucial destinada a proteger a las víctimas de una revictimización.

La Cámara Gesell es un espacio donde un menor puede declarar sin la presencia física del agresor, bajo la supervisión de un psicólogo forense. Este método, utilizado para evitar el trauma adicional de recordar los hechos violentos en un ambiente hostil, se ha implementado con éxito en diversos países desde su creación por el psicólogo Arnold Gesell.

El proceso en Perú puede demorar hasta más de seis meses, período durante el cual la víctima debe soportar una espera que agrega a su sufrimiento. Esta retardación contrasta con el plazo inicial propuesto de siete días y 24 horas en casos de flagrancia. La falta de recursos y personal como digitadores, peritos en psicología y jueces de investigación preparatoria, sumados a una insuficiente infraestructura, son factores que agravan la situación.

En el año 2008, UNICEF colaboró con el Ministerio Público para implementar esta técnica en Lima y otras regiones. Sin embargo, según las normas reguladoras y guías emitidas por la Fiscalía de la Nación en 2012 y 2016, no se han logrado disminuir los tiempos de espera de manera eficiente. Estas demoras generan, además, una posible segunda victimización, al perder las víctimas y sus familias confianza en el sistema judicial.

Las estadísticas de la ONU posicionan a Perú como el tercer país con más casos de violación sexual. Dentro de estos casos, un alarmante 73% son menores de edad, y un 15% afecta a niños de cinco a diez años. La mayoría de estos abusos ocurren en el entorno familiar, lo que hace aún más crucial proteger a los menores durante el proceso judicial.

El procedimiento en Cámara Gesell incluye tres etapas: la toma de conocimiento del delito por el fiscal, la evaluación médico-legal y psicológica de la víctima, y la atención complementaria como apoyo social. Sin embargo, en la práctica, la ausencia de una entrevista a tiempo puede llevar al archivo de muchos casos debido a la falta de pruebas contundentes, ya que el relato de la víctima muchas veces constituye la única prueba testimonial.

La invalidación de testimonios por contradicciones subraya la necesidad de técnicas adecuadas de valoración de pruebas sin comprometer a la víctima nuevamente.

Las deficiencias identificadas ponen de manifiesto una clara necesidad de recursos y estrategias adaptadas para proteger a los menores durante el proceso penal. Los expertos argumentan que las malas prácticas que revictimizan a los menores no solo vulneran derechos fundamentales, sino que también contravienen principios internacionales de protección a la infancia.

La espera prolongada y el sentimiento de inseguridad pueden llevar a que las víctimas y sus familias decidan no continuar con el proceso, frustrando los esfuerzos del Ministerio Público y perpetuando la impunidad.

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