Alejandro Soto denuncia a periodista por reglaje: todo lo que se sabe sobre la demanda

El presidente del Congreso de la República no tomó nada bien el reportaje difundido contra el titular de la entidad, Alejandro Soto. A través de su procurador, Manuel Eduardo Peña, denunciaron al responsable de la Unidad de Investigación del dominical Cuarto Poder, José Miguel Hidalgo Rodríguez, y los que resulten responsables por el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de reglaje.

“En nombre y representación del Estado —Poder Legislativo— y, de conformidad con el artículo 47° de la Constitución Política del Perú, así como del artículo 317° - A del Código Penal, INTERPONGO DENUNCIA PENAL contra JOSÉ MIGUEL HIDALGO RODRÍGUEZ, como presuntos autores del delito CONTRA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA —Marcaje o Reglaje—, en agravio de Alejandro Soto Reyes - en su condición de Presidente del Congreso de la República del Perú”, se lee en el documento al que accedió Infobae Perú.

El documento cuestiona la emisión del reportaje ‘Alejandro Soto: Relaciones negadas’, donde se graba las actividades del titular del Congreso por un lapso tres días. “En el seguimiento realizado para obtener la nota periodística, se obtuvieron imágenes y videos del ciudadano, de su menor hijo, de la madre del mismo e, incluso, del personal de Seguridad de Estado asignado a dicho funcionario y miembros de la Policía Nacional del Perú”, mencionan.

Agregaron que “se registraron datos como el distrito del domicilio real del referido, calles aledañas, imágenes detalladas del lugar, apreciándose en las imágenes difundidas las características del mismo y la numeración e inclusive le han hecho seguimiento hasta el centro de educación inicial (nido) de su menor hijo; situación que genera potencial menoscabo a la seguridad e integridad de Alejandro Soto Reyes - en su condición de Presidente del Congreso de la República del Perú - y la de su familia, ello en tanto la información e imágenes propagadas en el medio de televisión, a través del reportaje publicado, facilitarían la comisión de otros delitos, como robo, extorsiones, secuestro e incluso homicidio”.

“Como usted podrá apreciar señor Fiscal, mediante la conducta dolosa de diversos actores se ha incurrido en ilícito penal que afecta la seguridad del Presidente del Congreso de la República del Perú, congresista y ciudadano Alejandro Soto Reyes, causando perjuicio potencial a su persona y un daño a la Institucionalidad del Congreso de la República, representada por su Presidente, encuadrándose la conducta desplegada dentro de los alcances establecidos en el artículo 317°-A de nuestro Código Penal”, sentencian.

Como se recuerda, en las imágenes difundidas se pone en duda el argumento del presidente del Poder Legislativo quien, ante el destape de la contratación de Yeshira Peralta Salas, hermana de la madre de su hijo, indicó que no era su cuñada propiamente, pues no convivía ni tenía una relación sentimental con Lizbeth Peralta. Incluso, en declaraciones al programa Punto Final, sostuvo que la trabajadora ya laboraba en su despacho antes de que ellos tuvieran una breve relación.

No obstante, Cuarto Poder presentó videos que demostrarían que Soto y Lizbeth Peralta viven en un edificio del distrito de Surco. En las imágenes se observa a Peralta gestionando materiales de construcción para la remodelación del departamento de Soto, cuya dirección coincide con la que el congresista declaró ante Infocorp. También se les ve saliendo juntos del apartamento y asistiendo a la escuela de su hijo en un evento por el Día del Padre.

Tal como mencionó el medio, el titular del Congreso no quiso responder. A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter) calificó de “bajeza” el “tener que recurrir a temas exclusivamente personales cuando no se tiene otro argumento para desprestigiarme”. “La nota emitida de forma irresponsable por Cuarto Poder expone a mi entorno familiar, sin cuestionar ningún hecho político o vinculado con mi gestión”, escribió.

Cabe mencionar que Alejandro Soto lleva más de 10 meses sin hablar con los medios de comunicación. La última vez que realizó una conferencia de prensa fue al destaparse distintas polémicas en su contra. Entre ellas, el plagio de más del tercio de su tesis de doctorado, revelado por Infobae Perú.

La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Lainez, condenó el accionar de Soto y calificó el hecho como un atentado a las libertades informativas. Según declaró a Infobae Perú, la actividad periodística no puede ser considerada un delito y es esencial para la democracia. Además, señaló que el seguimiento periodístico realizado es de interés público debido a la contratación de una persona cercana a Soto que podría afectar las arcas públicas.

“Rechazamos absolutamente esta denuncia que lleva adelante el presidente del Congreso. La actividad periodística de ninguna forma puede calificarse como reglaje, no tipifica un delito. El periodismo no es un crimen, los periodistas, por supuesto que dentro de su hacer de investigación, en el campo periodístico, tienen una serie de actividades que llevan adelante como contrastar información de interés público. Entonces, querer recurrir a esta nueva modalidad de ataque al periodismo, que es intentar involucrar a la persona en diferentes delitos para desnaturalizar la actividad periodística, tiene que ser rechazado de manera unánime. No solo desde las instituciones periodísticas sino por cualquier institución que defiende la democracia en el país”, mencionó.

A ello se sumó el Instituto de la Prensa y Sociedad (IPYS). El asesor jurídico del gremio, Roberto Pereira, señaló que “de acuerdo a los estándares internacionales de protección de la libertad de información, los funcionarios públicos tienen un reducido umbral de protección de su privacidad, sobre todo cuando existen indicios razonables de que favorecen indebidamente con recursos del Estado a su entorno familiar o cercano”.

Por estas consideraciones, mencionó que el accionar de Soto constituye un acto de amedrentamiento contra la prensa de investigación, a través de la pretendida instrumentalización de la justicia penal imputando un delito manifiestamente inaplicable. En ese sentido, instó al Ministerio Público a rechazar la demanda por tratarse de un intento más proveniente del Congreso de criminalización del ejercicio válido de la libertad de expresión.

En diálogo con Canal N, el periodista denunciado cuestionó que se utilice al procurador del Congreso para denunciar en su nombre y señaló que, según el capítulo cuatro del artículo 20 de la ley que crea la Procuraduría General de la República, el procurador público ejerce la representación directa y personal del Estado, no de las personas ni del presidente.

Respondiendo a la demanda revelada por este medio, mencionó que para elaborar la investigación se utilizó los “sistemas que nos permite transparencia: solicitamos imágenes de cámaras de videovigilancia de la municipalidad por acceso a la información y transparencia, hemos recurrido justamente a todos los caminos que nos dan la ley para poder contar con libertad una noticia”.

“Están intentando evitar que los periodistas hagamos nuestro trabajo que es investigar y demostrar con pruebas una denuncia que ya veníamos haciendo hace bastante tiempo”, añadió.