El nuevo director encargado del Hospital Arzobispo Loayza es Eduardo Yong Motta, exministro de Salud durante el gobierno de Alberto Fujimori. El funcionario está implicado en el caso de las esterilizaciones forzadas, y esto se reafirmó al ser mencionado en la resolución la Corte Suprema de Chile, que amplía la extradición de Fujimori debido al emblemático caso.
De acuerdo con el Informe Final sobre la Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) del Congreso de la República, de junio de 2022, se confirmó la injerencia del Ejecutivo en la aplicación compulsiva del AQV, método que fue aplicado bajo presión, incentivos, acosos y amenazas a miles de mujeres de las regiones de Cusco, Áncash, San Martín, Piura y Puno
Dicho informe recoge evidencia de llamadas telefónicas hechas a los Directores Regionales de Salud por parte de Yong Motta, en su rol de Asesor Presidencial en materia de salud. Además, el entonces Asesor del Despacho Vice Ministerial, Ulises Jorge Aguilar, también está implicado. Estas llamadas tenían la intención de ejercer presión para el cumplimiento de las metas de esterilización.
Según cifras de la Procuraduría Especializada del Ministerio Público, al menos 1.715 mujeres fueron víctimas de esterilizaciones forzadas a nivel nacional. También informes del Ministerio de Salud, en el año 1997, indican que las ligaduras y vasectomías tuvieron un incremento abrupto, se elevaron a más de la mitad con respecto al año anterior
La designación señalada como temporal de Yong Motta ha sido señalada como un “un desprecio absoluto por los derechos de las víctimas de esterilizaciones forzadas”, expresó María Ysabel Cedano, abogada de la organización Demus-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer
Según Cedano, tanto Alberto Fujimori como sus exministros de Salud, Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y Alejandro Aguinaga (actual congresista de Fuerza Popular), están procesados por delitos graves en el contexto de violaciones de derechos humanos.
La defensora legal también recalcó que el Estado peruano firmó un acuerdo de solución amistosa en 2003 con la familia de María Mamérita Mestanza Chávez, una víctima de esterilización forzada, quien fue hostigada por personal de salud.
Fallo de Chile que amplía extradición de Fujimori
La jueza de la Corte Suprema de Chile, Andrea Muñoz, concedió este lunes una nueva ampliación de extradición para que Alberto Fujimori sea juzgado en su país por cinco casos adicionales de violaciones a los derechos humanos. Estos incluyen las esterilizaciones forzadas de miles de mujeres durante su gobierno y homicidios en el rescate de los rehenes de la embajada de Japón en Lima en 1997.
El pedido de extradición de Fujimori incluye una amplia gama de pruebas proporcionadas por el Ministerio Público, entre informes, resoluciones ministeriales, declaraciones de víctimas y testigos de esterilizaciones, así como testimonios de directores de hospitales regionales. “Además, se han presentado documentos como historias clínicas, estadísticas sobre la aplicación de AQV, información periodística de la época, fotografías de pancartas relacionadas con campañas de AQV, formularios de consentimiento informado y manuales de normas y procedimientos de anticoncepción”.
La solicitud de ampliación de extradición fue realizada por el Estado peruano a través del abogado chileno Rodrigo Zegers Reyes. El fallo de la jueza Muñoz acoge cinco de los ocho delitos imputados en la petición, lo que permite que Fujimori sea juzgado en Perú. Sin embargo, la resolución aún necesita ser revisada por la sala penal de la Corte Suprema de Chile en un plazo de cinco días. En esta revisión, se podrá analizar la desestimación de tres delitos: malversación de caudales públicos, revelación de secreto y suministro ilegal de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Alberto Fujimori, de 85 años, fue liberado el 6 de diciembre de 2023 tras catorce años en prisión, donde cumplía una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos. Su liberación fue ordenada por el Tribunal Constitucional de Perú basándose en un indulto presidencial otorgado en 2017 por razones humanitarias.
La jueza Muñoz declaró que hay “presunciones fundadas o indicios razonables” de que, entre 1995 y 2000, Fujimori impulsó una política agresiva de planificación familiar, que se aplicó masivamente a mujeres de estratos socioeconómicos bajos, zonas rurales y pueblos indígenas sin consentimiento informado. Tales acciones, según Muñoz, representan claras violaciones a derechos fundamentales como el derecho a la vida, integridad física y psíquica, salud, igualdad y no discriminación, reconocidos en diversos instrumentos internacionales.
Además de las esterilizaciones forzadas, la ampliación de la extradición incluye secuestros y homicidios de la familia Ventocilla, homicidios durante el rescate de los rehenes de la embajada japonesa, homicidios y lesiones en el penal Miguel Castro Castro y secuestros agravados de militares. Estos delitos son considerados como violaciones flagrantes a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, lo que los hace imprescriptibles según la legislación penal.
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