Perú enviará comisión a La Haya para defender a Dina Boluarte ante Corte Penal Internacional: “Esta denuncia no puede ser acogida”

El Gobierno considera que la denuncia contra Dina Boluarte carece de fundamento, pese a que se basa en investigaciones de la Fiscalía y está respaldada por informes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la CIDH

Guardar

Nuevo

Fuente: RPP

El jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, anunció este miércoles que el Gobierno enviará una comisión de alto nivel a La Haya para defender su posición ante la Corte Penal Internacional (CPI) respecto a la denuncia presentada por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y su contraparte en Perú, Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), contra la presidenta Dina Boluarte.

La acusación por comisión de crímenes de lesa humanidad e intento de asesinato tiene origen en los periodos más álgidos de las protestas antigubernamentales, ocurridas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023, se sustenta en las investigaciones de la Fiscalía de la Nación y es respaldada por informes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Estamos haciendo las primeras coordinaciones para que, en breve, una comisión de alto nivel concurra a La Haya con el propósito de entrevistarse con las autoridades competentes de este alto tribunal y presentar preliminarmente la posición del Estado peruano respecto a estos hechos. Confiamos en que esta información sea suficiente para que esta denuncia sea rechazada de plano y no se admita”, señaló Adrianzén en una rueda de prensa.

A continuación, detalló que para que los crímenes de lesa humanidad sean considerados como tales deben ser parte de un “ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, una condición que, según su criterio, no se ha cumplido en los sucesos mencionados.

Dina Boluarte speaks in San Francisco on Nov. 16, 2023. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg
Dina Boluarte speaks in San Francisco on Nov. 16, 2023. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg

“El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del cual el Perú es parte, tiene jurisdicción sobre los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión. Esta denuncia sostiene que la presidenta habría cometido crímenes de lesa humanidad, una acusación que examina hechos como asesinato, exterminio, encarcelamiento, tortura, violación sexual y otros graves delitos”, explicó.

“La sola condición de ataque generalizado y sistemático no se ha presentado y, en consecuencia, en mi opinión, descarta de plano la posibilidad de que esta denuncia pueda ser acogida por la CPI”, enfatizó. El premier consideró que la denuncia tampoco cumple con “un requisito básico de admisibilidad”, ya que, según el tratado internacional, no puede ser viable cualquier acusación que esté bajo investigación o enjuiciamiento por órganos del Estado con jurisdicción.

“Y, como es conocido, los lamentables sucesos de 2022 y 2023 están siendo investigados por la Fiscalía. Por eso, descartamos cualquier posibilidad de que esta denuncia prospere”, añadió. La denuncia de la FIDH y APRODEH señala la complicidad del Gobierno y de la presidenta por promover y ascender a cinco generales de la Policía Nacional (PNP) implicados en las “49 muertes, 155 intentos de asesinato y 937 heridos” de las movilizaciones.
infobae

Además, hace mención de omisiones y obstáculos en la investigación al sugerir la existencia de una política de Estado. “No tenemos ninguna garantía de que dejarán investigar al Ministerio Público y que respeten su fuero, que respeten sus investigaciones; y, por el contrario, traten de intervenir y de dirigir cualquier tipo de investigación. Por ello, se tomó la decisión de solicitarle al fiscal de la Corte Penal Internacional una intervención”, dijo a Infobae Perú la abogada de APRODEH, Gloria Cano.

Según la letrada, la Fiscalía de la CPI deberá evaluar si el caso contra la presidenta cumple con los requisitos de competencia para abrir un examen preliminar. La documentación presentada incluye la cadena de mando identificada, involucrando a la presidenta, el primer ministro, el ministro de Defensa y altos mandos policiales y militares. El tribunal verificará la exactitud de esta información.

Cano advirtió, además, que el proceso podría llevar a una orden de captura internacional contra Boluarte. “Esperemos que [el tiempo que se demore la CPI] sea menos de un año, para que pueda evaluar. Sabemos la carga laboral que tienen, así como el foco personal que tiene la Fiscalía. Lo importante es que ya está el caso en conocimiento de esta institución y que con los elementos que se han alcanzado, más lo que podríamos ir alcanzando en el tiempo”, afirmó.

Guardar

Nuevo