Alberto Fujimori y sus exministros de Salud, Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga Recuenco, podrían ser llevados a juicio. El próximo viernes 5 de julio, el Poder Judicial evaluará el recurso de apelación del Ministerio Público por el caso Esterilizaciones Forzadas.
Como se recuerda, el juez Littman Ramírez Delgado dispuso, a través de una resolución del 6 de marzo de este año, que el caso debía adecuarse a las reglas del nuevo Código Procesal Penal.
En diálogo con Infobae Perú, María Ysabel Cedano, abogada de la organización Demus- Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, recordó que tanto el exdictador como sus exministros se encuentran procesados por los delitos de lesiones graves seguidas de muerte, en contexto de violaciones de derechos humanos.
Designan a Yong Motta como director de hospital
Uno de los investigados por el caso Esterilizaciones Forzadas, Eduardo Yong Motta, fue designado temporalmente como director del Hospital Arzobispo Loayza, por parte del Ministerio de Salud (Minsa).
María Ysabel Cedano indicó que esta decisión significaba un “desprecio absoluto por los derechos de las víctimas de esterilizaciones forzadas”.
Una víctima de esterilizaciones forzadas registrada en el REVIESFO tiene derecho a ser atendida en los servicios públicos de salud para cualquier trámite que facilite el acceso a la justicia. Entonces, ¿Cómo una víctima obtendrá la historia clínica cuando el director del hospital es el denunciado?”, manifestó.
Jueza suprema ordena ampliación de extradición
La jueza de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Andrea Muñoz Sánchez, ordenó, en primera instancia, la ampliación de la extradición de Alberto Fujimori por el caos de Esterilizaciones Forzadas y otros presuntos cuatro delitos.
Según la resolución judicial, las cinco causas aceptadas están respaldadas por el tratado de extradición entre Chile y Perú, así como por las convenciones internacionales como Belém do Pará, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (también conocido como Cedaw), y el Estatuto de Roma.
En su fallo, la jueza Muñoz enfatizó la necesidad de investigar y sancionar estos delitos. También se destaca que la cooperación internacional es esencial para combatir la impunidad.
Las investigaciones judiciales han revelado que altos mandos del gobierno y militares peruanos estuvieron involucrados en estos actos ilegales, con la supuesta coordinación de Vladimiro Montesinos, entonces asesor de inteligencia del exdictador.
De acuerdo con el documento obtenido por Infobae Perú, la magistrada accedió a aumentar la extradición bajo la responsabilidad de solo los siguientes cinco supuestos:
- Secuestro agravado y homicidio calificado de seis miembros de la familia Ventocilla (Caso Ventocilla).
- Lesiones graves seguidas de muerte en agravio de cinco mujeres, y lesiones graves en más víctimas (Caso Esterilizaciones Forzadas).
- Homicidio calificado de Nicolás Cruz Sánchez y otros (Caso ejecuciones extrajudiciales durante el operativo de rescate de rehenes en la Embajada de Japón en Lima).
- Homicidio calificado de Jorge Bardales Rengifo y otras 39 personas, lesiones graves en agravio de siete personas, (Caso Castro Castro).
- Secuestro agravado de Arturo Moreno Alcantara y otros (Caso Cabitos).
“Se trata de conductas intolerables, que no pueden permanecer en la impunidad, sino que deben ser investigadas, juzgadas y sancionadas, sin que importe o sea un impedimento el tiempo en que se hayan cometido, a lo que debe contribuir la cooperación internacional, de la que la institución de la extradición es la mejor muestra, se resuelve que para los efectos de lo exigido en el Tratado de Extradición que ampara los presentes requerimientos, y descartando lo postulado por la defensa del requerido a este respecto, no ha operado la prescripción de la acción para perseguir tales delitos”, precisa el fallo de la magistrada chilena.
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