Congreso impulsa ley que prescribe crímenes de lesa humanidad, pese a que el 71% de peruanos la rechaza

El Congreso de la República, poder del Estado que debe ejercer la representación de los peruanos y velar por sus intereses, mantiene en la agenda de la Comisión Permanente una norma que genera desacuerdo en la percepción de la mayoría de la ciudadanía. Se trata de una nueva ley que plantea la prescripción de los crímenes de lesa humanidad desde antes del 2002; que ha sido concebida como una nueva norma de Amnistía; y sobre la que una encuesta de Ipsos consultó a la ciudadanía.

Según el sondeo realizado por la encuestadora para el diario Perú 21, el 71% de los peruanos rechaza la ley que el Legislativo aprobó en primera votación apenas a unas semanas del cierre de legislatura y que, según lo advertido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, daría paso a la impunidad y pondría al Perú en desacato ante las disposiciones de la Corte.

Y si bien esta norma ya ha sido aprobada en primera votación, solo se puede hacer posible mediante una segunda votación que queda pendiente en el pleno o en la Comisión Permanente, que da inicio esta semana y tiene facultades legislativas.

Según el estudio de Ipsos, frente a este 71% de personas en desacuerdo con la ley, que permitirá que se archiven al menos unos 600 procesos penales abiertos de manera posterior al periodo de conflicto armado interno vivido durante el régimen del exdictador Alberto Fujimori — y que lo benefician directamente, así como a terroristas sentenciados bajo esta denominación —; existe un 24% de encuestados que consideraron estar de acuerdo con la medida, y apenas un 5% que prefiere no presentar una posición respecto al tema.

El sondeo también detalla la percepción que existe sobre esta norma por separado, en Lima, y en el Interior del país. Según lo revisado por Ipsos, el rechazo de esta norma en Lima es mucho mayor al total; registrando un total del 76% de personas en desacuerdo con el proyecto planteado por los congresistas Fernando Rospigliosi y José Cueto, quienes buscan eximir de responsabilidades penales a exmilitares, terroristas y hasta al exdictador Fujimori y su secretario, Vladimiro Montesinos; quienes deben cumplir sentencias por sus vulneraciones a los derechos humanos.

En tanto, desde el Interio del país, la apreciación de esta norma gozó con un aún menos aprobación que en la capital. Así, el rechazo crece en el sur con un 77%, según lo precisado por la nota de Ipsos respecto a los encuestados en contra de este dictamen que es concebido como una nueva Ley de Amnistía.

El sondeo también abarcó la consulta a las personas por edad, por lo que los resultados pudieron ser mapeados de manera generacional. Según lo advertido por el diario, el 76% de las personas “de 43 años a más, que vivieron la época del terrorismo, también se mostraron en contra de la decisión del Pleno”. Y es que esta decisión guarda relación con las consecuencias de lo que la norma significa; pues con su aprobación no solo se beneficia a congresistas; sino también a terroristas.

La norma también genera rechazo sobre todo porque desde el momento de su aprobación en primera votación, abogados de personajes cuestionados como Elio Riera, en el caso del exdictador Alberto Fujimori, sobre quien pesan condenas por asesinatos bajo esta calificación de crímenes de lesa humanidad; han señalado que sí buscarán acogerse a la norma.

Cabe destacar que si bien esta norma plantea que los jueces decidan; tiene dentro de sus normativas un apartado en el que condiciona a los magistrados del Poder Judicial, señalando que, de no acatar o decidir conforme a esta Ley, el colegiado podría ser reportado a la Autoridad Nacional de Control de la institución.