Congreso es cuestionado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU por impulsar nueva Ley de Amnistía

El Congreso de la República sigue siendo motivo de cuestionamiento ante organismos internacionales veladores de derechos humanos, por haber aprobado en primera votación la ley que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos desde antes del 2002. Ahora, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha emitido un pronunciamiento en el que alerta que esta norma “contraviene el derecho internacional” y genera un retroceso en lo avanzado en el Perú en temas de derechos humanos.

Según lo detallado por el comunicado, “el proyecto de ley presentado al Congreso peruano, que establece la prescripción de los crímenes atroces cometidos antes de 2002, contraviene las normas internacionales y corre el riesgo de aniquilar los progresos realizados para combatir la impunidad de las desapariciones forzadas y garantizar el acceso a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas”.

Como se sabe, este proyecto de ley, que se encuentra en la agenda de la Comisión Permanente del Congreso, con el peligro de ser aprobada en segunda votación, ya que este órgano del Legislativo cuenta con facultades legislativas, ha sido conocido como una nueva “Ley de Amnistía”; que permite que militares, terroristas y funcionarios sentenciados e investigados por delitos comprendidos como crímenes de lesa humanidad puedan salir libres previa solicitud.

Por ello, el comunicado de la Comisión que está conformada por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; consideraron que el proyecto “contraviene el derecho internacional”; tal y como lo habían detallado varias organizaciones internacionales veladoras de derechos humanos previamente.

Entre las advertencias de instituciones que se pronunciaron previamente sobre este tema están la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, la misma Corte IDH, y entre las instituciones nacionales, la Fiscalía de la Nación; que explicó que en el Perú no existe el delito de lesa humanidad; pero que lo que sí hay son procesos e investigaciones por delitos que están bajo la calificación de crímenes de este tipo, por su atrocidad y crueldad; lo que sí genería una afectación a los procesos.

Por ello, el comunicado advierte que “el Comité considera que este proyecto contraviene el derecho internacional sobre la aplicación de la prescripción a las violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidas las desapariciones forzadas”.

A su vez, los dos relatores advierten que “la aprobación del proyecto de ley 6951/2023-CR constituiría una clara violación de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por Perú el 26 de septiembre de 2012″; y en ese sentido, considera que el dictamen “aniquilaría estos avances y constituiría un grave retroceso” en el combate a la impunidad de las desapariciones forzadas y la promoción de los derechos de las víctimas.

Como se sabe, dos de los casos más importantes que han sido considerados y calificados como delitos de desaparición forzada son los principales casos por los que el exdictador Alberto Fujimori fue sentenciado. Estos son los casos de Barrios Altos y La Cantuta, cuya garantía de reparación por parte del Ejecutivo ya ha sido desacatada luego de que el Tribunal Constitucional decidiera contravenir el requerimiento de la Corte IDH dispusiera el indulto del exjefe de Estado.

Otros de los casos que también han sido considerados como delitos de lesa humanidad y que en la actualidad se están pagando es el del asesinato de Hugo Bustíos, pues su responsable mediato, Daniel Urresti está pagando condena. Por otro lado, quienes también fueron responsables del asesinato de María Elena Moyano, exdirectivos de la cúpula más alta del grupo terrorista Sendero Luminoso, también serían exculpados de acogerse a esta ley, una vez esta sea aprobada. Son en total 600 casos penales que se verían beneficiados.