El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, manifestó este lunes sus suspicacias respecto al proceso de revocatoria en su contra al sugerir posibles influencias indebidas sobre el economista Ciro Silva, líder del movimiento que busca reunir casi dos millones de firmar para sacarlo de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
“Es un tema democrático. Mi único comentario es que si pueden escoger a alguien que pida el planillón, que no esté vinculado a la [exalcaldesa Susana] Villarán. Ahí se ve la escoba, pues. Usted busca en Google y [Silva] aparece con la Villarán de arriba para abajo”, señaló en una rueda de prensa.
El burgomaestre planteó, sin pruebas, la posibilidad de que la constructora brasileña Odebrecht sea la impulsora de la iniciativa. “Por eso, yo también pongo en condicional. ¿No será que Odebrecht está detrás de ese grupito? El mismo Odebrecht que aquí, en esta mesa, coimeó a la señora Villarán como ella misma lo reconoció”, apuntó.
“¿No será que ese señor es el único que se ha prestado en esto? Es de locos. Por lo menos se busca a alguien más independiente... no a un señor que aparece al lado de la Villarán todo el tiempo, él es quien compra el kit. No sé, respeto la democracia, pero es sospechoso. No estoy mintiendo. Está con la señora con el mismo colorcito, el verde que les encanta [en referencia a dólares estadounidenses]”, siguió.
Villarán (2011-2014) fue la primera mujer elegida como alcaldesa de Lima y representaba al movimiento izquierdista Fuerza Social. Sin embargo, en 2013 enfrentó un referéndum promovido por sus opositores para ser destituida. En medio de ese contexto, se embarcó en una gran campaña electoral por el “No” a la revocatoria, la cual, según tesis fiscal, habría recibido apoyo económico de constructoras brasileñas.
En 2019, la exalcaldesa admitió haber recibido aportes de Odebrecht y OAS para financiar la campaña contra su revocatoria, detalló que enfrentar la opción de ser revocada implicaba “impedir que la mafia política se apoderara de Lima” y aseguró que nunca se hicieron adendas a favor de los intereses de dichas empresas en contrapartida por el respaldo económico.
“Cometí un grave error, [pero] reafirmo lo que he dicho siempre: Que no hemos recibido coimas, que no hemos hipotecado el interés público a empresas privadas”, expresó en ese momento. También declaró que “siempre” tuvo conocimiento de las contribuciones y que la decisión de aceptar esos aportes la tomó junto a José Miguel Castro, su exgerente municipal.
El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, del primer despacho del Equipo Especial Lava Jato, ha solicitado una pena de 29 años de cárcel contra Villarán, quien actualmente cumple un mandato de comparecencia con restricciones, “por la presunta conformación de una organización criminal que recibió más de 10 millones de dólares en aportes ilegales para continuar al mando del municipio”.
Querella anunciada
La semana pasada, Silva anunció que presentará una querella contra López Aliaga por insinuar una presunta presencia de Odebrecht en la campaña para separarlo del cargo. En diálogo con Exitosa, precisó que los comerciantes del Frente de Defensa del Mercado Mayorista de Santa Anita financiaron la compra del kit de revocatoria.
“Esto no se puede quedar así. Soy presidente de la Sociedad Patriótica del Perú y he vestido el uniforme de la Marina de Guerra del Perú [...], el señor no puede estar ofendiendo saliendo a la palestra”, declaró. La revocatoria contra el alcalde ha encontrado apoyo de distintos sectores, incluida las trabajadoras sexuales, quienes se organizan para estampar sus firmas en los planillones entregados por la ONPE.
Angela Villón, presidenta de la asociación ‘Miluska Vida y Dignidad’, explicó este lunes que se suman al proceso para contrarrestar las políticas municipales que buscan extinguir los pocos locales formales donde trabajan. “Hay una corriente de querer cerrarlos y eso no podemos permitirlo. Nosotras vamos en vías de formalización, pero están haciendo todo lo contrario, exponiendo nuestras vidas”, señaló a Infobae Perú.
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