Poder Ejecutivo todavía no tiene una posición respecto a la ley contra las ONG a pesar de presión internacional

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, confesó que el Poder Ejecutivo todavía no tiene una postura oficial respecto al proyecto de ley que se ha presentado al Congreso de la República que afectaría a las ONG en el Perú.

En declaraciones a los medios de comunicación, el premier indicó que incluso desconoce la iniciativa legislativa y que el Gobierno tomará una posición cuando el documento llegue a sus instancias.

“Yo creo que primero tenemos que ver si el Congreso de la República va a insistir o no, y cuando lo tengamos … Yo personalmente no conozco el proyecto, cuando lo tengamos lo estudiaremos y veremos cuál es la posición del Ejecutivo al respecto”, manifestó.

Gustavo Adrianzén aseveró, además, que a su consideración este proyecto “ha levantado un alboroto muy grande” en el país.

No obstante, esta no es la primera vez que el vocero del Gobierno se pronuncia respecto a este tema. Anteriormente, había expresado, a modo de respuesta al comunicado de 16 embajadas, que “constitucionalmente, poseemos las facultades para reglamentar las leyes. Por supuesto que incluyen también la posibilidad de modificar el marco legal que en lo que a nosotros al Ejecutivo nos compete”.

El dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores del Legislativo, agrupa a seis iniciativas referidas al tema. Se propone modificar la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) con el fin de proteger la transparencia y el uso de fondos que las organizaciones no gubernamentales reciben del extranjero.

Entre los cambios que se proponen se encuentra que la APCI tenga a partir de ahora un registro actualizado de todas las organizaciones y entidades que desarrollan activismo político con el financiamiento directo o indirecto proveniente de la Cooperación Técnica Internacional.

Asimismo, considera como parte de estas instituciones las que buscarían “modificar las políticas públicas nacionales o resultados electorales en favor de los intereses de entidades extranjeras privadas (...) en evidente contravención de la Constitución y la Ley de Organizaciones Políticas”.

Mientras la presidenta Dina Boluarte se encuentra en China, con miras a una reunión bilateral con su homólogo Xi Jinping, el su Gobierno enfrenta severas críticas a nivel internacional por el dictamen del Congreso que podría afectar a las ONG en el país.

Cuatro relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitieron un pronunciamiento conjunto advirtiendo que la norma, al debilitar a estas organizaciones, podría impactar negativamente en la protección de derechos humanos.

Este pronunciamiento destaca que la propuesta legislativa podría imponer mayores controles sobre las ONG y restringir el derecho a la libertad de asociación, lo que provocaría una vulneración de derechos fundamentales.

El informe está firmado por Gina Romero, Irene Khan, Mary Lawlor y Ben Saul, relatores especiales de la ONU que cubren distintas áreas de los derechos humanos. En él, se detallan cinco proyectos de ley que, compilados, conforman el dictamen en cuestión.

Los representantes del organismo internacional insistieron en que las modificaciones a la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) deben incluir consultas con los titulares de derechos interesados y resaltar la necesidad de un marco regulatorio racionalizado, alineado con los estándares internacionales de derechos humanos.

También solicitaron al Gobierno peruano que provea información adicional y explique las medidas que se adoptarán si el predictamen no es revisado.

En el ámbito nacional, organizaciones sociales y el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) han expresado su preocupación por los efectos adversos de la norma, como la posibilidad de que haya una restricción en el ejercicio de la protesta social y las movilizaciones, además de una estigmatización del activismo.