Petroperú quiebra: todo el personal abandonará edificio principal de San Isidro y se mudarán a Talara

El presidente de Petroperú, el economista Oliver Stark, reveló que el directorio aprobó ocho medidas para evitar el quiebre definitivo de esta empresa estatal. Este lunes 24 de junio, aseguró que los cambios serán “en serio”, luego de que el ministro de Energía, Rómulo Mucho, afirmara en febrero pasado que la petrolera “está quebrada” y que su “recuperación es imposible” sin cambios estructurales en su gestión.

“Ahora sí estamos ajustándonos el cinturón”, afirmó Stark en una entrevista concedida a El Comercio. Entre las decisiones recientes, destaca el abandono del edificio principal en la Av. Paseo de la República, en el distrito limeño de San Isidro, y la mudanza masiva del personal a Talara, donde se ubica el complejo de refinación de crudo.

“De todas maneras, vamos a salir del edificio, vía concesión o venta. Deberíamos irnos todos a Talara, aunque con algunas excepciones, como el área legal o el área de compras. Quizás un grupo se quede en una oficina acá, pero sería en un solo piso que alquilaríamos al concesionario”, agregó. Actualmente, 600 trabajadores están en Lima y 900 en la región norteña. El traslado está programado entre enero y marzo de 2025.

“Si la operación está en Talara y la producción está en Talara, ¿qué hago en Lima? Por supuesto, que por la realidad del Perú, el centralismo y muchas cosas, [es probable que] el trading de hidrocarburos no se pueda mudar, o no sea práctico. De repente, el área legal tampoco. Tenemos que hilar fino”, matizó en un diálogo posterior en Canal N.

La venta de activos no esenciales, incluido el edificio central, busca generar liquidez para la empresa. “Hay un impasse porque esos activos están en garantía por las facilidades que nos dio antes el MEF [Ministerio de Economía]; pero es un tema interno que vamos a solucionar”, explicó.

“No quiero dar números para no contaminar el proceso, pero en algún momento alguien valoró este edificio en US$120 millones. Quizá el número, comparado con el tamaño de las cifras que estamos acostumbrados a oír en Petroperú, parezca que no mueve la aguja, pero sí la mueve. Cualquier medida es bienvenida”, continuó.

Otra medida significativa es la contratación de una empresa restructuradora que gestionará Petroperú como un CEO privado. “Así funciona un Project Management Office (PMO), y así lo hemos conceptualizado nosotros. Algunos especialistas lo llaman también Chief Transformation Office (CTO)”, apuntó.

La compañía también realizará una auditoría forense del proyecto de modernización de la refinería de Talara. “Acabo de recibir los TdR [documento técnico] para la contratación de la entidad responsable. [La idea es] hallar responsabilidades. No me gusta señalar con el dedo ni tengo espíritu de auditor, pero la verdad es que este problema está costando la existencia a la más importante empresa del Perú. Entonces, hay que identificar por qué la refinería demoró diez años en ser construida y por qué costó casi tres veces más que al inicio. Tiene que haber alguien que responda por eso, para que no se repita”, señaló.

El Gobierno ya había anunciado una reforma estructural en Petroperú, al otorgar al MEF mayor capacidad de decisión en la Junta General de Accionistas. También destinó un paquete de ayuda que incluía un préstamo de S$800 millones y una línea de crédito de US$500 millones respaldada por el Banco de la Nación. Sin embargo, recientemente, el ministro José Arista descartó una nueva inyección económica tras la rebaja de la calificación de la firma por Standard & Poor’s.

Petroperú acumula una deuda superior a 8.500 millones de dólares frente a un patrimonio de 1.645 millones de dólares, según informes recientes. Las agencias de calificación crediticia, como S&P, han rebajado su calificación de deuda a largo plazo de ‘B+’ a ‘B’ debido a preocupaciones sobre su solvencia. Problemas de gestión y casos de corrupción han minado la confianza en la empresa.

A inicios de año, apenas asumió el mando de la cartera, el ministro Rómulo Mucho señaló que sin cambios en la gestión, la recuperación de la empresa es imposible, aunque destacó que la venta no debe ser la solución debido a la gran inversión estatal y los activos de la empresa. El vocero presidencial Freddy Hinojosa reafirmó en mayo pasado que, al menos la administración de la presidenta Dina Boluarte, no privatizará la firma.

La reputación crediticia de Petróleos del Perú - Petroperú S.A. (Petroperú) no mejora y recientemente ha sido degradada de ‘B+’ a ‘B’ como emisor de deuda a largo plazo por Standard & Poor’s Global Ratings (S&P). Esta degradación se suma a las evaluaciones negativas de otras agencias calificadoras de riesgo.

S&P también ajustó el perfil de crédito independiente (SACP) de ‘CCC+’ a ‘CCC’ y colocó a la petrolera en “vigilancia crediticia negativa” debido a mayores vulnerabilidades financieras y la incertidumbre sobre su capacidad para superar los desafíos actuales, por lo que no se descarta otra degradación en los próximos meses.

Esta rebaja se alinea con las acciones de otras agencias como Fitch Ratings y Apoyo & Asociados (A&A), que recientemente también han disminuido las valoraciones de Petroperú. La situación financiera de la empresa se ha deteriorado por diversos problemas imprevistos mencionados por S&P, incluyendo la paralización de la unidad de flexicoking de la Refinería de Talara.

En su informe, la calificadora señala que el rendimiento EBITDA y el flujo de caja proyectado para 2024 ya están debilitados, retrasando la recuperación esperada para 2025. “Creemos que el SACP ‘CCC’ refleja mejor nuestra visión de la solvencia de la empresa de forma independiente”, señaló S&P, destacando que ahora Petroperú depende aún más del apoyo gubernamental para evitar un impago en los próximos 12 meses.