Minsa retrocede: anuncia que no se usarán términos que consideran a las identidades trans como enfermedades

El viernes 10 de mayo, el Gobierno de Perú despertó, nuevamente, el rechazo de la ciudadanía al aprobar el Decreto Supremo 009-2024, caracterizado por incluir a las identidades trans y otras categorías de la diversidad sexual y de género entre las clasificaciones de trastornos mentales, lo que atentaba contra los derechos de la comunidad LGBTQIA+.

La normativa llevaba la firma de la presidenta Dina Boluarte; el ministro de Salud, César Vásquez; y el ministro de Economía y Finanzas, José Arista. Y, entre la ola de críticas, destacó la desaprobación a nivel internacional que recayó sobre la actual gestión y las manifestaciones convocadas por la ciudadanía a modo de protesta.

En medio de este contexto y a poco más de un mes de su implementación, el Ministerio de Salud, finalmente, emitió un pronunciamiento oficial —a la par de la publicación de la Resolución Ministerial N.° 447-2024 en el diario El Peruano— para intentar dar marcha atrás en la medida tomada.

El ministro de Salud, César Vásquez, promulgó la nueva resolución en el diario oficial El Peruano y estableció que se adopten nuevos códigos y descripciones diagnósticas incluidas en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), como reemplazo de términos que atentaban contra la comunidad LGBTQIA+.

De esta manera, se indicó que los diagnósticos previos —como transexualismo, travestismo de rol dual, trastorno de la identidad de género en la niñez, otros trastornos de la identidad de género, trastorno de la identidad de género no especificado y orientación sexual egodistónica— serían sustituidos por nuevas denominaciones.

Bajo la nueva resolución, los términos a utilizar incluyen “discordancia de género en la adolescencia o adultez”, “discordancia de género en la infancia” y “discordancia de género sin especificación”.

También se refirió la adición del diagnóstico de “asesoramiento relacionado con el comportamiento y la orientación sexual o las relaciones sexuales de las personas”, de acuerdo al capítulo XXI de los factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud.

Esta modificación, según precisó el texto, se aplicará en todos los establecimientos de salud públicos y privados del país. El objetivo es actualizar y estandarizar la terminología utilizada en los diagnósticos luego de que varios sectores hayan mostrado su rechazo al señalar que la normativa impactó negativamente en la población trans y otros integrantes de la comunidad LGBTQIA+.

El Colectivo Marcha del Orgullo en Lima anunció que el Minsa había sido declarado como institución no grata para la movilización masiva prevista el 29 de junio. Esta decisión se dio en protesta contra el decreto supremo que clasificaba la diversidad sexual y de género como una enfermedad.

Jorge Apolaya, vocero de la organización, expresó a Infobae Perú que la medida estaría vigente hasta que se derogue el decreto mencionado. A su vez, enfatizó que la medida adoptada había generado un profundo rechazo entre los activistas por los derechos LGBTQIA+.

De acuerdo a Shely Cabrera, responsable de Incidencia del Programa de Sexualidad y Autonomía Física de la organización feminista Manuela Ramos, el Decreto 009-2024 fue ampliamente rechazado por sus implicancias en contra de la comunidad LGBTQIA+:

• Se impulsará más la difusión de discursos que atentan contra la dignidad de estas personas, ya que grupos discriminatorios se podrán basar en la ley al decir que es una enfermedad.
• Limitarán su acceso a los servicios de salud requeridos para sus identidades.
• En el caso de las personas trans, no serán respetadas y se las expondrá a ser llamadas por su nombre social, que no se considere su pronombre y no se les reconozca uno de los derechos más básicos, que es la identidad.
• Se encontrarán expuestas a ser sometidas a cualquiera de los Esfuerzos por Cambiar la Orientación Sexual e Identidad o Expresión de Género (ECOSIEG), como las terapias de conversión.