EE.UU. señala débil combate a la trata de personas en Perú: corrupción, complicidad del Gobierno y falta de fondos son las causas

Una mañana de 2007, en Tarapoto, la universitaria Jhinna Pinchi aceptó un trabajo ofrecido por un estilista mientras se retocaba el cabello para fotos curriculares. Días después, descubrió que la supuesta oferta consistía en prostituirse en el nightclub ‘La Noche’ de Piura, a casi 20 horas de su ciudad natal.

Fue secuestrada y retenida contra su voluntad en una habitación miserable, con sus documentos en manos de sus captores. Según su testimonio, los propios fiscales y policías eran “clientes” del establecimiento, lo cual impedía que recibieran ayuda.

Ayudada por la cocinera del local, que luego sufriría un accidente sospechoso por el auto del dueño ―Carlos Chávez Montenegro—, logró salir en busca de auxilio. La denuncia no fue atendida por las autoridades de Piura hasta dos años después. Finalmente, en 2011, el Ministerio Público solicitó 35 años de cárcel para Chávez Montenegro por delitos de trata de personas, proxenetismo y rufianismo, así como prisión para otros cinco empleados.

Actualmente, devenida en activista y rostro de un caso emblemático, Pinchi se encuentra refugiada en algún lugar del país. Según un informe del Departamento de Estado de EE.UU. difundido este martes, Perú no ha cumplido plenamente con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas, pero ha realizado esfuerzos significativos.

La corrupción y complicidad oficial se mantienen como problemas significativos que inhiben la aplicación efectiva de la ley. En los últimos cinco años, los traficantes han explotado a víctimas nacionales y extranjeras en Perú y han llevado a peruanos al extranjero para ser explotados. Las mujeres y niñas peruanas, venezolanas y bolivianas son especialmente vulnerables: son reclutadas mediante falsas ofertas laborales o relaciones engañosas, y luego explotadas sexualmente en áreas mineras y madereras.

De acuerdo con EE.UU., la banda criminal Tren de Aragua está involucrada en el tráfico sexual y la extorsión principalmente en Lima. Los indígenas, la comunidad LGBTQI+ y los migrantes son particularmente vulnerables a este delito, que se condenaba con penas de ocho a 25 años de prisión, según la edad de las víctimas. Sin embargo, esos castigos no eran proporcionales a las de otros delitos graves como la violación, resalta el informe.

La rotación frecuente de personal y la interpretación limitada de las leyes sobre trata afectaron la eficacia de las acciones. De acuerdo con el documento, los casos de corrupción y complicidad oficial persistieron, con denuncias de sobornos a policías y avisos previos a sospechosos. La administración de la presidenta Dina Boluarte tampoco proporcionó actualizaciones sobre investigaciones previas de corrupción y trata que implicaban a funcionarios y policías.

En los primeros seis meses de 2023, la policía reportó haber identificado 962 víctimas, aunque algunas no eran realmente víctimas de trata. El Ministerio de la Mujer asistió a 111 niños víctimas, incluidos extranjeros, con servicios legales, sociales y psicológicos. Además, operó siete refugios para niñas explotadas, con una capacidad total reducida a 99 debido a la conversión temporal de uno de los refugios.

La falta de suficiente financiamiento y recursos para refugios y servicios especializados se erigen como problemas críticos, con una dependencia significativa en ONG para llenar los vacíos. Las víctimas adultas y extranjeras enfrentan barreras adicionales para acceder a servicios y refugios adecuados.

Entre las recomendaciones de EE. UU. al Perú está modificar la legislación para que las penas por trata sexual sean proporcionales a las de otros delitos graves como la violación, aumentar la financiación para combatir la trata, implementar la Política Nacional Contra la Trata y mantener iniciativas con liderazgo gubernamental.

Además, ampliar los servicios para víctimas adultas, niños, personas LGBTQI+ y víctimas de trata laboral, fortalecer la cooperación interinstitucional, garantizar la transición rápida al cuidado de las víctimas y aumentar los esfuerzos de enjuiciamiento y condena, incluyendo a los funcionarios cómplices.