Denuncian a Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional por el asesinato de 49 peruanos durante protestas en su contra

Tal y como fue anunciado hace poco más de una semana, los asesinatos en contra de los 50 peruanos perpetrados durante el periodo de conflicto social que se suscitó tras el ascenso de Dina Boluarte al Gobierno, serán revisados ante fueros internacionales ante la falta de garantías de existencia de justicia en el sistema peruano. Este martes 25 de junio, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) presentaron ante la Corte Penal Internacional la demanda por la comisión de crímenes de lesa humanidad en contra de la presidenta Dina Boluarte.

En conversación con Infobae Perú, la abogada de Aprodeh, Gloria Cano, quien viajó hasta La Haya para realizar la presentación de la demanda, detalló que este es un paso que debía darse tras monitorear “el desarrollo de la institucionalidad democrática. Al ver como se ha ido deteriorando esta situación y al no haber una confianza de que las investigaciones sigan su curso; y al advertir las constantes amenazas al Ministerio Público, decidimos impulsar esta demanda”.

“No tenemos ninguna garantía de que dejarán investigar al Ministerio Público y que respeten su fuero, que respeten sus investigaciones; y, por el contrario, traten de intervenir y de dirigir cualquier tipo de investigación. Por ello, se tomó la decisión de solicitarle al fiscal de la Corte Penal Internacional una intervención que se traduciría en la apertura de un examen preliminar de esta situación”; señaló Cano, quien impulsa la denuncia contra Boluarte desde Aprodeh.

En el mismo momento en el que esta demanda fue presentada, un resumen de esta fue subida de manera virtual y señala a la presidenta Dina Boluarte como autora mediata del crimen de lesa humanidad de asesinato e intento de asesinato. En el documento, al que Infobae Perú pudo acceder, se señala la existencia de un ataque dirigido contra una población civil.

La demanda considera la existencia de una “línea de conducta que implica la comisión de múltiples actos”, al afirmar que “los eventos ocurridos entre diciembre del 2022 y febrero del 2023 evidencian que en este periodo se cometieron múltiples actos de asesinatos e intentos de asesinatos contra una población civil”. “Durante estas fechas sufrieron asesinato en Perú, principalmente la zona sur del país, 49 personas; y con, por lo menos, 155 víctimas de lesiones graves”, detalla el informe.

Estas imputaciones no solo vienen basadas en el desarrollo de las investigaciones de la Fiscalía de la Nación, sino que también son respaldadas por tres informes cruciales que detallaron el abuso desde el Gobierno de Dina Boluarte. Estos informes son los de Human Rights Watch, Amnistía Internacional, y la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).

La demanda advierte también que “el total de casos de asesinatos y heridos a los cuales se refiere este documento ocurren en un marco de solo nueve semanas, entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023. A su vez, en algunos casos los asesinatos ocurren el mismo día o incluso la misma tarde”; poniendo como ejemplo al caso de Juliaca, Puno, en donde un total de 18 personas civiles fueron asesinadas en solo 4 días; y ninguna de ellas formaba partes de fuerzas militares.

Otros hechos que el informe considera como meritorios de ser conocidos como acciones que justifican las muertes desde el Gobierno. Cano explica así que en la demanda se ha tratado “la vulneración es el derecho a la vida, que viene acompañado de diversas acciones, una de esas es precisamente esta estigmatización de los protestantes, de los manifestantes, señalando que son terroristas y tratando de justificar el hecho de una intervención, haciendo el uso letal de la fuerza cuando no debían”.

“También hemos señalado cómo es que se han ido premiando a algunos militares que estuvieron involucrados en realizar acciones, han sido premiados con felicitaciones y gradurías militares. Todo eso abona una responsabilidad desde el alto cargo que es la presidencia de la República”, enfatizó.

Este es el caso del ministro de Defensa de aquel entonces, Alberto Otárola, quien luego de las muertes, pasó a ocupar el cargo de primer ministro pese a los hechos ocurridos en Andahuaylas.

“Nosotros hemos presentado un escrito que tiene varias partes, una de ellas es el análisis del contexto que se vive en el país, el deterioro de la institucionalidad democrática y de cómo sucedieron los hechos (las circunstancias y el contexto)”, detalló Cano explicando más a cabalidad la demanda.

Como se sabe, dentro de la Corte Penal Internacional existen también una serie de organismos que garantizan su funcionamiento, y la institución que se ha encargado de recibir esta demanda es la Fiscalía de la Corte Penal Internacional; la misma que, de encontrar estos hechos como motivos para el inicio de una investigación, deberán dar inicio al proceso de recabación de datos y establecimiento de sus propias pruebas.

Hemos expuesto ante los funcionarios de la Fiscalía las constantes amenazas que tiene el Ministerio Público y porqué consideramos nosotros que no hay posibilidades o hay un gran riesgo de que estas investigaciones no lleguen a término. Precisamente por la amenaza constante del Congreso de la República. Vamos a seguir mandando alguna información adicional y ellos contestarán y verán si de acuerdo a sus funciones se puede o no abrir un examen preliminar para investigar estos hechos”, detalló la abogada.

Asimismo, de proceder con la investigación en la Fiscalía de la Corte, cabe incluso la posibilidad de que se despliegue una misión internacional hacia el Perú, u otras acciones que esta considere pertinente; si se desea abrir una investigación preliminar.