Alberto Fujimori: ¿Por qué Chile rechazó ampliar la extradición por la venta ilegal de armas a las FARC?

El último lunes, la ministra de la Corte Suprema de Chile, Andrea Muñoz Sánchez, accedió a ampliar la extradición del exdictador Alberto Fujimori por cinco casos (incluido el de Esterilizaciones Forzadas) de los ocho casos que Perú requería. Entre los casos que en primera instancia no fueron autorizados se encuentra el de suministro ilegal de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En este caso, la Fiscalía de Perú le atribuye a Fujimori los delitos de suministro ilegal de armas de fuego, asociación ilícita para delinquir, violación de la soberana de un Estado extranjero, falsedad genérica y conspiración.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Alberto Fujimori integró una organización criminal junto a su exasesor Vladimiro Montesinos, que adquirió armas de fuego del Gobierno de Jordania y las proveyó a las FARC. Para la entrega, se sobrevoló territorio colombiano y se arrojó el equipo integrado con un paracaídas.

Para que proceda la extradición, según el Código de Procedimiento Penal de Chile, deben concurrir tres requisitos: que la identidad del procesado esté acreditada, que los delitos imputados estén tipificados en dicho país y que existan indicios suficientes para afirmar que el imputado haya participado en el hecho.

Para la Fiscalía Judicial de Chile se cumplen las tres condiciones. Sin embargo, para la jueza suprema Andrea Muñoz Sánchez, únicamente se dan los dos primeros, según la resolución publicada en el portal oficial del Poder Judicial de Chile.

La jueza Muñoz Sánchez, al amparo de la documentación remitida por Perú, concluye que “efectivamente entre los años 1999 y 2000 se compraron al menos 10 mil armas de fuego al gobierno jordano para ser suministradas a las FARC sobrevolando el territorio colombiano”, así como que el responsable de dicho despliegue fue “una organización criminal liderada por Vladimiro Montesinos, el más estrecho asesor de Alberto Fujimori”.

La magistrada precisa que los elementos por los que la Fiscalía de Perú sostiene que Fujimori tenía pleno conocimiento de los hechos se dividen en dos grupos: la conferencia de prensa intempestiva del Plan Siberia y los testimonios que lo señalarían como el autor detrás.

Respecto a los testimonios, la magistrada Muñoz Sánchez afirma que “solo se puede desprender” que estas personas “tenían el convencimiento” de que detrás de toda la operación estaba Fujimori, pero, asegura, puede haber sido una estrategia para dar la apariencia de que efectivamente se trataba de una negociación de Gobierno a Gobierno (Perú-Jordania).

En esa línea, la jueza señala que la sospecha de que Fujimori estaba enterado de toda la operación “surge porque, en definitiva, parece poco verosímil que Montesinos haya articulado tales operaciones a sus espaldas, dado el rol que cumplía como su asesor de confianza”. No obstante, la magistrada sostiene que “dicha argumentación es débil” si se toma en cuenta que no existiría “el móvil que habría tenido el requerido para llevar a cabo acciones de tal naturaleza, desde que ellas significaban conspirar contra un Estado vecino —o al menos promover su desestabilización— por la vía de facilitar la entrega de armas a un grupo subversivo, y de una tendencia ideológica contraria a la del requerido”.

La magistrada consideró el discurso político de Fujimori de “luchar contra el terrorismo”, algo que “no pareciera corresponder al tipo de operaciones que se le imputan en el presente requerimiento”. Es decir, la venta de armas a un grupo subversivo.