El fiscal de la nación, Juan Carlos Villena, deberá acudir este lunes al Congreso para una sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, donde expondrá los fundamentos que llevaron al archivo de la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra por presuntas irregularidades en la adquisición de 1,4 millones de pruebas rápidas de COVID-19.
La sesión, prevista para las 14:00 horas, también contará con la procuradora general, María Caruajulca, quien detallará las medidas adoptadas en relación con el caso, y la exprocuradora Katherine Ampuero, quien calificó la decisión de “indignante”. A inicios de junio, Villena indicó en diálogo con RPP que la pesquisa no obtuvo suficientes “indicios” para probar la comisión del delito de colusión en perjuicio del Estado.
Detalló que se realizaron varias diligencias y se recabaron declaraciones de diversos ministros involucrados, y que el Instituto Nacional de Salud (INS) recomendó la compra de los productos, con lo cual su despacho no halló pruebas para constatar la imputación. Según Villena, “lo que se tiene que buscar en un delito de colusión es que haya indicios de un acuerdo subrepticio entre el funcionario público y las empresas, y no se han hallado suficientes”.
El Congreso aprobó en febrero de 2023 el informe que recomendaba denunciar constitucionalmente al expresidente por este caso. Con 102 votos a favor, el documento de la Comisión de Fiscalización, actualmente presidida por el legislador Wilson Quispe (exPerú Libre), también recomendó acusar a las exministras María Antonieta Alva, Elizabeth Hinostroza y Elizabeth Astete.
Según el texto, Vizcarra y las exministras se reunieron con empresas para concertar la compra de pruebas rápidas, en contra de las políticas que priorizaban las pruebas moleculares. El informe se remitió a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y al Ministerio Público para continuar con las investigaciones.
El exgobernante, electo como congresista en 2021 con la mayor votación nacional, no pudo asumir el cargo debido a una inhabilitación impuesta por el Parlamento por su presunta vacunación irregular contra la COVID-19.
Asumió la presidencia en 2018 tras la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), pero fue destituido por “incapacidad moral” en noviembre de 2020 y está inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador de Moquegua, aun en investigación.
En una reciente entrevista, PPK se mostró crítico con la personalidad de Vizcarra, quien solicitó al Tribunal Constitucional anular su inhabilitación para ejercer cargos públicos impuesta en 2022 por el Congreso. “Yo prefiero no comentar [sobre él]. Fue un gravísimo error ponerlo en la plancha. Es una persona que no dice la verdad, que miente mucho”, dijo.
El 82.4% de peruanos aún no ha decidido a quién apoyar en las elecciones generales de 2026, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Vizcarra figura entre los políticos con más del 1% de intención de voto (1.4%). Otros nombres destacados incluyen a Keiko Fujimori (4.6%), Antauro Humala (1.5%) y Pedro Castillo (1.5%).
Rafael López Aliaga, Hernando de Soto y el Partido Aprista también superan el 1%. Debajo de ese umbral se encuentran Acción Popular, el Partido Morado, Alfonso López-Chau, César Acuña, Roberto Chiabra y Salvador del Solar.
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