Cuatro Relatores Especiales de la ONU alertan que cambios en Ley APCI contra las ONG “afectaría a los derechos humanos”

Mientras que la presidenta Dina Boluarte surca los cielos rumbo a China, y de paso, hace una parada en Francia; el país enfrenta la que sería su época más cuestionable en el ámbito internacional. En un hecho sin precedentes, un total de cuatro relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas emitieron un pronunciamiento conjunto hacia el Ejecutivo en el que no solo le recuerdan que su labor es velar por los derechos de los peruanos; sino que califican el dictamen que modifica a la ley APCI que el Congreso busca aprobar — y que debilita a las ONG — como una norma que “podría afectar a los derechos humanos”.

El documento, al que Infobae Perú tuvo acceso, fue enviado al Gobierno de Dina Boluarte el último 19 de junio de este año, durante la semana de representación del Congreso, en donde se espera que la norma sea aprobada en la Comisión Permanente. Y en él se precisa que la norma “podría imponer mayores controles sobre las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y afectar los derechos humanos, en especial, el derecho a la libertad de asociación”.

El informe viene firmado por parte de la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero; la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan; la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de DD. HH, Mary Lawlor; y del Relator Especial sobre la promoción y la protección de los DD. HH. y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Saul.

En conjunto, los relatores inician su pedido precisando los intentos del Legislativo por llevarse abajo a un grupo de ONG críticas al Gobierno y a algunas posturas tomadas desde el Parlamento. En el documento se detallan un total de cinco proyectos de ley que, todos compilados, conforman el dictamen que plantea modificaciones en la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y que terminan por ser considerados como posibles vulneratorios a los derechos humanos.

“De aprobarse como ley en su versión actual, el predictamen podría afectar el ejercicio de los derechos humanos, principalmente el derecho a la libertad de asociación, así como los derechos de las personas que participan y se benefician de las actividades de organizaciones constituidas como diferentes tipos de asociaciones”, se lee en el informe al que este medio pudo acceder; y en el que se reitera que las modificaciones a la Ley APCI deberían tener en cuenta consultas con “otros titulares de derechos interesados”.

Por ello, los relatores especiales Romero, Khan, Lawlor y Saul señalan que “resulta imperativo que el Gobierno busque el modo de racionalizar el marco regulatorio aplicable a la sociedad civil, en línea con los estándares de derechos humanos vigentes”. “A la luz de lo anterior, instamos al Gobierno a reexaminar la regulación relativa a la supervisión, control y fiscalización del financiamiento de las ONG en el marco de una discusión pública, plural y multisectorial”, agregan además.

En ese sentido, requieren al Ejecutivo que “proporcione cualquier información o comentario adicional en relación a las observaciones”, es decir, a que responda y emita su posición sobre estos cuestionamientos.

Además, le piden que informe “sobre las medidas que se adoptarán si el predictamen no fuera revisado para garantizar que su implementación no resulte en violaciones de las normas del derecho internacional de derechos humanos”; y por último, le piden que explique qué medidas pueden ser adoptadas a fin de que el predictamen “sea consistente con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de inscripción y fiscalización de las ONG”.

Básicamente, los relatores solicitan al Estado que detalle qué vías pueden existir para frenar la aprobación de una ley que, a todas luces, al parecer de los cuatro, es vulneratoria de los derechos humanos en el Perú, y viene, propiciada por el Congreso. Y es que, claramente, el dictamen es tan impopular que la peligrosidad de este es advertida hasta por organizaciones sociales de minorías; pero en la sociedad actual no genera interés ni motivo de preocupación en la mayoría de la población.

La mejor de las explicaciones sobre los efectos que esta norma puede propiciar de ser aprobada es la que brindó el representante del Gobierno Territorial Autónimo Awajún (GTAA); quien en un pronunciamiento emitido este lunes 24 de junio también explicó su preocupación por una ley que contraviene los derechos de todos los peruanos.

Pero además, agregaron que esta norma también “restringe el ejercicio de la protesta social y las movilizaciones y anula las actividades de las organizaciones coordinadas con la cooperación internacional. Y estigmatiza el activismo por la defensa de los derechos humanos”. Todas estas consecuencias, con una norma que puede ser, incluso, aprobada en la Comisión Permanente, que entra en funcionamiento a partir de esta semana.