El Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación pidió al Poder Judicial que ordene el levantamiento del secreto de las comunicaciones del congresista de Fuerza Popular, David Jiménez, en el marco de una investigación preliminar en su contra. Ahora, este jueves 27 de junio, a las 2:30 p.m., el Poder Judicial examinará la solicitud y tomará una decisión.
La indagación, por la presunta comisión del delito de peculado, empezó después de que se descubriera que una empleada del despacho del legislador, identificada como Ángela Noblejas, trabajaba en su instituto privado Franklin Roosevelt, durante su horario laboral regular en el Congreso. Cabe resaltar que se le pagaba S/6,000 en el Parlamento.
La misma instancia fiscal también solicitó al Poder Judicial que autorice el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Ángela Noblejas, la empleada del despacho congresal implicada en este caso.
La Fiscalía de la Nación requiere el levantamiento del secreto de las comunicaciones de ambas personas en tiempo histórico, solicitando a las empresas de telecomunicaciones del país la información correspondiente al período entre el 5 y 7 de septiembre de 2023.
Este requerimiento fue presentado ante el despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien ha programado una audiencia “privada”.
En entrevista con Contracorriente, la especialista Magaly Bobadilla explicó que en el contrato laboral de Ángela Noblejas se indica que ella debe cumplir con el horario de trabajo asignado.
“No está en su puesto de trabajo, en el lugar que le corresponde, en el horario que le corresponde. La Jornada principal que está señalada en ese contrato de trabajo para el Parlamento de la República está siendo totalmente vulnerado. Es un contrato fantasma”, aclaró.
Un seguimiento de tres días consecutivos realizado por un programa dominical confirmó que la verdadera labor de la trabajadora se desarrolla en el instituto Franklin Roosevelt, ubicado en la Av. Arequipa 2349, Lince. Durante la investigación, se hicieron pasar por una estudiante con deudas, a quien Noblejas atendió, recomendándole visitarla de 9 a 13 y de 15 a 17 horas, de lunes a viernes.
“‘Hola, estudio farmacia y estoy preocupada porque no tengo plata para seguir pagando la matrícula, no quiero retrasarme’. El pago es en cuotas justamente para que no paguen el monto en bloque. Si deseas te puedes acercar, yo estoy a partir de nueve a una de la tarde y de tres a cinco de lunes a viernes, a menos que salga de comisión de viaje, así. Pero estos días estoy acá. ‘Ok. ¿Digo su nombre nada más, Ángela, la administradora?’ Sí, señorita”, se escucha decir en la llamada.
A pesar de las evidencias, el congresista fujimorista David Jiménez negó que la trabajadora tenga funciones dentro de su negocio privado.
“Ella ha estado haciendo los quehaceres de la oficina, ella sale [del Congreso], hace diferentes cosas. ‘¿Ella no es la administradora de su instituto?’ No. ‘Usted está mochando el dinero de todos los peruanos para pagarle a una persona que no viene a trabajar. ¿No le parece grave?’ Tranquilo, no, no es grave. Hazle la entrevista en su oficina”, respondió.
Es importante señalar que este no es el primer cuestionamiento al legislador. Según un informe del Portal Centro Liber, Jiménez Heredia fue uno de los congresistas que recibió un bono mensual de dos mil 800 soles por concepto de semana de representación para cubrir sus actividades, a pesar de tener licencia por motivos personales. María Agüero Gutiérrez (Perú Libre), Rosselli Amuruz Dulanto (Avanza País) y Freddy Díaz Monago (Alianza para el Progreso) también están entre los legisladores que no devolvieron el bono aunque no cumplieron con las actividades.
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