La tala ilegal no se detiene en la Amazonía peruana. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de San Martín constató por segunda vez en menos de un mes actividades ilícitas de deforestación en más de 1.000 hectáreas en el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, fuente de abastecimiento de agua para más de 150 mil 000 personas que viven en localidades aledañas.
Exactamente, según informó Queny Pinedo Pezo, jefe del ACR, el fiscal provincial Berly Rodríguez Sandoval, verificó la deforestación de especies forestales de valor comercial en los sectores de Unión de Sarinarca y Uruhuasha.
Pero ese no sería el único daño. Los guardaparques y personal de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) y la Policía Ecológica confirmaron que en dichos puntos se vienen sembrando un gran número de cultivos sin autorización.
Infractores se amparan en la “Ley Antiforestal”
De acuerdo a Agencia Andina, los responsables de estos actos fueron identificados como Wilmer Carranza Díaz y Jhony Cleiser López Tenazoa, quienes argumentaron que actuaron conforme a la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, denominada por los pueblos indígenas, expertos y otros de la sociedad civil en defensa del ambiente como “Ley Antiforestal”, que modifica el procedimiento de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, lo que ahora permite legalizar actividades agrarias sin el sustento técnico necesario.
Sin embargo, Pinedo Pezo aclaró que “estas acciones constituyen un delito, ya que está prohibido la deforestación en áreas de conservación regional, aunque los infractores indican que, gracias a la Ley Forestal, aprobada en el Congreso de la República, tendrían la facultad de poder intervenir en las áreas protegidas. Están malinterpretando la ley, por lo que estamos tomando acciones correspondientes”.
El infractor, Detuiler Dávila Carbajal, fue advertido de abstenerse de continuar con la deforestación sin la autorización correspondiente.
¿Cuáles son las especies que fueron taladas ilegalmente?
El fiscal provincial comunicó que se han talado árboles de mohena, catahua y ojé, entre otros, con diámetros de 1 metro y alturas de 20 metros en el sector Unión de Sarinarca.
Mientras que en Uruhuasha, se verificó la eliminación de media hectárea de cobertura forestal, afectando especies como ojé, paliperro, shimbillo y rifari. En esta área, específicamente, se ha sembrado maíz desde hace aproximadamente tres meses.
Asimismo, el fiscal y su comitiva comprobaron que en el sector Moronapampa, en el kilómetro 07 de la carretera Tarapoto – Yurimaguas, se talaron un cuarto de hectárea, afectando nuevamente al ojé. En esta zona se cultivan productos básicos como plátano, frejol y cacao, sembrados hace tres meses.
¿Por qué la nueva Ley Forestal es fuertemente criticada en Perú?
Especialistas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) sostienen que la Ley 31973, conocida como “Ley Antiforestal”, representa un retroceso en la lucha contra la deforestación en el país.
Esto debido a que, además de modificar el procedimiento de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, cuyo impacto es la legalización de actividades agrarias sin el sustento técnico necesario, la polémica norma aprobada por el Congreso de la República vulnera los derechos de los pueblos indígenas por no haber sido consultados adecuadamente sobre los riesgos que esta significa para sus modos de vida, recursos y territorios.
Bajo ese contexto, resaltan que el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, establecida en 2005, cuya superficie abarca 149 mil 870 hectáreas, alberga especies como monos, añujes, sajinos y tortugas, y proporciona agua a unas 300 mil personas en varias ciudades y comunidades nativas de la región San Martín.
Por tal razón, la deforestación en esta área, que ya había sido afectada por la misma actividad ilegal el 5 de mayo, impacta no solo a la conservación ambiental, sino también a las actividades económicas y la calidad de vida de estos ciudadanos.