Fallo histórico por el Caso Manta: violencia sexual cometida por militares peruanos califica como un crimen de lesa humanidad

El conflicto armado interno marcó una de las etapas más sombrías de la historia del Perú y, aunque si bien se caracterizó por suponer un peligro para la ciudadanía en general, lo fue especialmente para las mujeres que formaban parte de alguna población vulnerable. Así lo evidenció el Registro Único de Víctimas, elaborado por el Ministerio de Justicia, el cual dio cuenta de que más de 5.300 féminas —mujeres quechuablantes (75% de los casos), de origen rural (83%), campesinas (36%) o amas de casa (30%)— fueron agredidas sexualmente durante este periodo.

Sin embargo, el 28 de agosto del 2003, una lamentable realidad —que había sido duramente negada por muchos sectores en el país— salió a la luz con la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR): alrededor del 83% de los actos de violación sexual eran imputables al Estado.

Y, de entre todas las sobrevivientes, nueve mujeres oriundas de Manta, Huancavelica, se armaron de valor y alzaron su voz para lograr que sus agresores enfrenten a la justicia. De esta manera, el miércoles 19 de junio, justamente una fecha simbólica en la que se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, estas ciudadanas llegaron —ocho de manera presencial y una llevada en la memoria de sus compañeras— hasta la Corte Superior Nacional de Justicia para escuchar, después de cinco años de iniciado el segundo juicio y a 40 años de ocurridos los sucesos denunciados, la sentencia que le correspondería a los militares peruanos que fueron imputados por el abuso sexual ejercido en su contra.

La audiencia, que tuvo una duración aproximada de dos horas y a la que Infobae Perú logró acceder, había sido anunciada como un evento público, al que podría ingresar cualquier ciudadano; no obstante, bajo argumentos de falta de aforo en la sala asignada —la cual tenía un tamaño reducido pese a que se sabía la relevancia y el alcance del caso—, quedaron afuera muchas personas que habían arribado al Centro de Lima con el deseo de acompañar a las sobrevivientes en este proceso, además de algunos miembros de la prensa.

Pero todos estos imprevistos y arbitrariedades quedaron de lado cuando los jueces afirmaron: “No se permite una decisión distinta a la de la culpabilidad de los imputados en la comisión de los delitos acusados”. Así, el sistema de justicia peruano emitió un fallo histórico que reconoce a la violencia sexual ejercida en contra de las nueve mujeres mantinas durante el conflicto armado interno como crímenes de lesa humanidad.

Una condena cuya importancia fue explicada a este medio por Cynthia Silva, abogada que acompaña la defensa legal de tres sobrevivientes y directora de la organización feminista Demus: “El precedente más importante es el tema de la valoración de las pruebas del conflicto armado como un entorno que hace posible que se violen a adolescentes y a mujeres de la manera más impune”.

Esta postura fue compartida por Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) que representa a seis de las mujeres mantinas a lo largo de esta proceso. El especialista remarcó a Infobae Perú la relevancia que tiene que se haya calificado de crímenes de lesa humanidad a los delitos cometidos por parte de estos militares, sobre todo en los casos que corresponden a los años 80, puesto que les otorga perpetuidad. “Creo que también significa, de alguna manera —y yo quiero interpretarlo así—, una respuesta ante los ímpetus del Congreso de la República de querer hacer prescribir ese tipo de casos. Creo que el tribunal entiende las circunstancias en las que se ha dictado la sentencia y me parece que también ha mandado un mensaje”.

Para ambos representantes legales, la reivindicación llega con la validación de las denuncias de las mujeres y el análisis del caso en su real dimensión. Y es que este segundo juicio por el Caso Manta —más allá de todo lo que significa hoy— tendrá una gran importancia en la memoria ciudadana, puesto que sienta un precedente y se constituye como la primera sentencia en Sudamérica obtenida por violencia sexual colectiva durante el conflicto armado, en la modalidad de crímenes de lesa humanidad, un hito que se da tras 20 años de lucha y resistencia.

Al término de la audiencia, en medio de abrazos, cantos, arengas y otras muestras de apoyo, los sentimientos encontrados no tardaron en llegar como producto de la lectura de sentencia: por un lado, el reconocimiento de los delitos de violencia sexual como crímenes de lesa humanidad era un hecho histórico y consolidaba una lucha de largos años, pero —por el otro— era imposible notar que las penas otorgadas en contra de 10 de los militares peruanos acusados no eran acordes con la gravedad de los daños cometidos.

De esta manera, Sabino Valentín Rutti recibió 12 años de condena; Rufino Rivera Quispe, 10 años; Vicente Yance Collahuacho, 10 años; Epifanio Quiñonez Loyola, 10 años; Amador Gutiérrez Lizarbe, 10 años; Lorenzo Inga Romero, 10 años; Arturo Simarra García, 10 años; Martín Sierra Gabriel, 8 años; y Pedro Pérez López, 6 años.

Sin embargo, este no fue el único hecho que causó rechazo durante la audiencia: los acusados no se hicieron presentes pese a que se habían convocado a todas las partes de manera presencial con la debida anticipación. De acuerdo a Silva, dicha acción formaría parte de una estrategia ya conocida por los condenados, pero ahora la responsabilidad de emitir las órdenes de captura recae sobre el Poder Judicial. “No podemos conformamos con condenados por crímenes de lesa humanidad que terminen prófugos y que eluden a la justicia burlándose de ese derecho a la reparación que las víctimas tienen”, afirmó.

Por su parte, Rivera compartió una frase para resumir las emociones vividas aquel miércoles 19: “La justicia no resuelve todos los problemas, pero ayuda a reparar los daños sufridos”. Añadió que si bien, ese mismo día, sus patrocinadas experimentaron un gran número de emociones, al día siguiente el ambiente fue diferente.

Pese a todo lo vivido en los últimos días, el sistema de justicia no se detiene y los plazos han empezado a correr. Silva, en diálogo con Infobae Perú, explicó que ya ha sido presentado un recurso de nulidad con el objetivo de solicitar penas más elevadas, además de exigir una reparación civil que sea más proporcional al daño sufrido. Frente a lo expuesto, informó que corresponderá a la Corte Suprema revisar la sentencia emitida.

De acuerdo a la especialista, los plazos en estos casos ya han sido establecidos por el Código Penal: el recurso de nulidad debe darse en el lapso de 24 horas después de leída la sentencia y después se otorgan 10 días para fundamentar las razones y los puntos sobre los que no se está de acuerdo. “Luego, la Corte Suprema va a evaluar esto y consideramos que este año tiene que ya haber una respuesta. No se puede dilatar mucho más un proceso que ha llevado ya casi 20 años”, concluyó.

Respecto a las órdenes de captura, Rivera precisó que estas debieron haber sido emitidas el último jueves 20 de junio, ya que la audiencia tuvo lugar hacia la tarde del miércoles 19. Según señaló, el objetivo es que los condenados sean internados en un establecimiento penitenciario y el Poder Judicial debe informar a la Policía Judicial —la Policía de Requisitoria— y son ellos los encargados ejecutarla.

No obstante, alertó que existen problemas relacionados con la no ubicación de militares sentenciados en el Perú. “Lo que nos ha llevado a más de una sospecha por considerar que la Policía no está cumpliendo de manera efectiva o diligente como corresponde estos mandatos del Poder Judicial”, concluyó.