Comisión de Ética del Congreso solo sancionó a un legislador en un año: blindaron a mochasueldos y casos de nepotismo

La Comisión de Ética del Congreso, liderada por el congresista Diego Bazán, ha concluido la legislatura 2023-2024 con un desempeño que deja mucho que desear. A lo largo del año, dicho grupo de trabajo solo logró imponer una sanción relevante en contra de la excongresista María Cordero Jon Tay. Como se sabe, la legisladora fujimorista fue suspendida por 120 días el 5 de diciembre de 2023, por la contundencia de las denuncias en su contra. Aparte de este caso, las sanciones adecuadas para legisladores con cuestionamientos siguen impunes en una comisión que termina siendo un grupo de trabajo dedicado al blindaje.

Una investigación del diario Correo, advirtió que a pesar del alto número de denuncias y casos presentados, la mayoría de los legisladores investigados se han visto protegidos o han recibido sanciones mínimas en diferentes casos que van desde el mismo por el que fue sancionada Jon Tay, como el caso de mochasueldos; así como del uso de sus trabajadores para hacer de “troles” en favor de la imagen de los periodistas, y acusaciones de hostigamiento sexual laboral.

La expectativa inicial era que la presidencia de Bazán transformaría la dinámica de la comisión, dándole mayor efectividad y rigurosidad. Sin embargo, el medio reveló este sábado que, en la práctica, esa narrativa no se materializó, pues durante su gestión, al menos diez casos de legisladores acusados se resolvieron con procedimientos indulgentes o con sanciones anuladas en el pleno. Este patrón de protección frente a investigaciones por diversos delitos y faltas pone en duda la labor de la Comisión de Ética.

Entre los casos más notorios en los que se denunció la existencia de un blindaje se encuentran los de Katy Ugarte y Luis Cordero Jon Tay, hermano de María Cordero Jon Tay. Mientras que Ugarte fue acusada de despedir a una trabajadora embarazada, Luis Cordero enfrentó denuncias por maltrato. La comisión aprobó inicialmente sanciones de 30 y 60 días de suspensión, respectivamente. Sin embargo, al llegar al pleno, estas sanciones fueron suavizadas o desestimadas totalmente.

Otro caso relevante es el del presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien también fue objeto de investigaciones fiscales y críticas por su gestión. La Comisión de Ética declaró infundadas las denuncias en su contra que se centraban en la presunta contratación de la hermana de la madre de su hijo en el Legislativo. Además, Soto fue señalado por el uso indebido de recursos para atacar a rivales políticos, pero la comisión optó por no emprender acciones sobre estas denuncias, consolidando la percepción de un blindaje sistemático a favor de ciertos legisladores.

La comisión también desestimó denuncias contra María Acuña y Hilda Portero. Acuña enfrentaba acusaciones de recortar salarios de sus trabajadores, mientras que Portero fue señalada por exigir dinero a sus empleados para donaciones. En ambos casos, las denuncias fueron declaradas infundadas por la comisión.

Otro caso en el que se mostró una política de blindaje por parte de la Comisión de Ética es el de la congresista Digna Calle, quien fue acusada de abandono de cargo por permanecer 415 días en Estados Unidos. A pesar de la larga ausencia que comprometió su responsabilidad como congresista, la sanción resultó en una mera amonestación escrita.

Rosselli Amuruz, también enfrentó consecuencias así de mínimas pese a ser acusada de infringir el reglamento por la contratación de allegados de su pareja Paul García Oviedo en despachos bajo su control. La legisladora apenas amonestada y se le redujeron sus haberes.

Al revisar todos estos hechos, queda cuestionarse qué tan ética es la comisión al momento de decidir sobre los casos que revisa; y al verificar a sus integrantes, se puede formar una idea. Y es que otra de las principales críticas que enfrenta el grupo de trabajo de Diego Bazán es la inclusión de legisladores cuestionados dentro de la misma Comisión.

Entre ellos se encuentran Kelly Portalatino, Luis Cordero Jon Tay, Maria Taipe, y Cheryl Trigozo. Portalatino está bajo investigación preliminar por irregularidades laborales, mientras que Luis Cordero enfrenta acusaciones de espionaje. Taipe y Trigozo tienen igualmente problemas legales pendientes.

Por otro lado, el informe también resalta la falta de atención por parte de su presidente para que decisiones que sí han prosperado con sanciones adecuadas no sean puestas en la agenda del Pleno. Decisiones aprobadas contra legisladores como Jorge Flores Ancachi, Katy Ugarte y Martín Lizarzaburu nunca llegaron a colocarse en la agenda del pleno, demostrando una tendencia sistemática de la falta de compromiso con una verdadera rendición de cuentas.