Ascienden al coronel PNP que fue procesado por prestarle su celular a Pedro Castillo en la Diroes

Wilson Sánchez Sánchez, coronel de armas de la Policía Nacional del Perú (PNP), fue ascendido al rango de general de armas después de que se levantara la suspensión de su ascenso, establecida en diciembre de 2022. La decisión se formalizó mediante la Resolución Suprema Nº 109-2024-IN, emitida el 21 de junio de 2024, según documentos oficiales del Ministerio del Interior de Perú.

En diciembre de 2022, la Inspectoría General de la Policía Nacional inició una investigación en su contra por prestar su teléfono celular personal al expresidente Pedro Castillo durante su detención en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes). Sánchez ha asegurado haber informado a sus superiores sobre su acción, y cuenta con un plazo de diez días para presentar sus descargos.

El proceso de ascenso de Sánchez fue inicialmente suspendido tras la Resolución Suprema Nº 298-2022-IN debido a un procedimiento administrativo disciplinario. La Oficina de Asuntos Internos (OAI) había ordenado investigar posibles infracciones muy graves de los códigos MG-102 y MG-25, según lo estipulado en la Ley Nº 30714, que regula el régimen disciplinario de la policía. Sin embargo, en julio de 2023, la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú (IGPNP) absolvió a Sánchez de dichas infracciones graves.

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior aprobó esta absolución en octubre de 2023, ratificando la decisión de la IGPNP. Posteriormente, un informe técnico de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú (DIRREHUM-PNP) recomendó dejar sin efecto la suspensión del ascenso que afectaba al coronel Sánchez.

Finalmente, en enero de 2024, el órgano disciplinario adoptó una decisión final: imponía al coronel Sánchez una sanción por una infracción grave, pero lo absolvía de las imputaciones muy graves que provocaron su suspensión. Con esta decisión, se procedió a reconocer su ascenso al grado de general con fecha de efecto retroactivo al 1 de enero de 2023.

Según La República, Wilson Sánchez, jefe de la División de Investigación de Delitos Contra el Estado (DIVIDCE) de la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional, asumió el control del caso desde el momento en que Pedro Castillo fue retenido en la sede de la Séptima Región Policial y conducido a la Diroes. Castillo fue detenido por su equipo de seguridad mientras se dirigía con su familia a la embajada de México para solicitar asilo, luego de haber anunciado el cierre temporal del Congreso y la reorganización de los poderes del Estado.

La Dirección de Investigaciones de la Inspectoría General, encabezada por el general Carlos Tuse Lloclla, tiene un plazo de 30 días para determinar si procede con una investigación formal contra el coronel Sánchez. Según un alto mando policial citado por medios nacionales, “la Inspectoría General emitió una resolución de acciones previas para determinar si el coronel cometió una infracción contra el Reglamento Administrativo Disciplinario de la PNP”.

Fuentes dentro de la Dirección de Seguridad del Estado indicaron que el coronel Sánchez reportó a sus superiores sobre la cesión del teléfono celular a Castillo para que este se comunicara con su abogado. Según estas fuentes, el policía puede facilitar que un detenido se comunique telefónicamente con sus familiares o su abogado, pero si se realizó en otras circunstancias y con otros propósitos, puede constituir una infracción disciplinaria grave.

El coronel Sánchez, originario de la provincia de Santa Cruz en Cajamarca, alcanzó recientemente el grado inmediato superior en el proceso de ascensos 2023 por méritos propios y es conocido por su participación en operativos contra el crimen organizado. Tiene diez días para presentar sus explicaciones ante la Inspectoría General de la PNP.

Desde la perspectiva del exinspector general de la PNP, un teniente general en retiro, el préstamo del celular por parte de Sánchez es una conducta que amerita investigación debido a las posibles violaciones al reglamento policial.