Esta semana, la ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich, viajó a El Salvador para reunirse con el presidente de ese país, Nayib Bukele, y visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Todo ello con el objetivo de conocer cómo se redujo la delincuencia e intentar replicarlo. No es la primera vez que este aspecto del régimen de Bukele llama la atención de otros gobiernos. En febrero de este año, el ministro de Justicia peruano, Eduardo Arana, hizo lo mismo.
Si bien Arana no se reunió con Bukele, sí lo hizo con miembros de su gabinete y otros altos funcionarios. Todo ello para “intercambiar experiencias en materia de seguridad pública”, según se consignó en la resolución suprema que autorizó el viaje a la nación centroamericana. El entonces premier Alberto Otárola precisó que otro punto del viaje era “ver la realidad de la logística carcelaria de ese país”.
Así Otárola y Arana alimentaban la idea de un ‘Plan Boluarte’, pese a que meses atrás la misma jefa de Estado, incómoda, rechazó esta posibilidad y aseguró que el Gobierno impulsaba el plan ‘Perú Seguro’.
“El ‘plan Boluarte’ no existe, si en algún momento emotivo lo dijo el premier, creo que el premier ya se rectificó. A la prensa le voy a agradecer que no insista en algo que ya rectificamos. Lo que existe y estamos mirando es el ‘Perú Seguro’ y estamos trabajando en ello. Sabemos que la inseguridad ciudadana no es de ahorita”, dijo la mandataria en diciembre de 2023.
Pese al pronunciamiento de Boluarte, Otárola y Arana continuaron elogiando y haciendo referencia al ‘plan Bukele’. Incluso, luego de su viaje a El Salvador, el titular del Minjus aseguró que se implementarían “algunas”, sin precisar cuál, de las iniciativas en materia de seguridad cuya información adquirió en su visita.
“Desde luego que sí (implementaremos el Plan Bukele, no todas, pero sí algunas y las más importantes la vamos a tener. Ellos han iniciado (el gobierno de Nayib Bukele), hace dos años, un proceso en que el 98% de inseguridad ciudadana y 2% de control ha sido revertidos hoy”, apuntó.
Lo último que se supo de un probable intento de emular el modelo de El Salvador se dio en marzo, con la supuesta disposición de Boluarte de construir una megacárcel idéntica al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) del país centroamericano. Desde entonces ningún miembro del gabinete ha vuelto a referenciar el ‘milagro Bukele’. Esto coincidió con los avances del plan ‘Perú Seguro’.
Esta semana, se presentó el plan ‘Amanecer Seguro’, operativo a nivel nacional donde se habría desarticulado 55 bandas criminales, y se anunció el plan ‘Retorno Seguro’, que busca proteger a la ciudadanía cuando retornen a sus hogares luego de la jornada de trabajo.
El viaje de Bullrich
La ministra de seguridad argentina Patricia Bullrich visitó El Salvador del 17 al 19 de junio, recibiendo un tratamiento preferencial por parte del gobierno salvadoreño. Durante su estancia, Bullrich se reunió con el presidente Nayib Bukele y visitó la Academia Nacional de Seguridad Pública y el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad inaugurada en 2023.
El principal objetivo de la visita fue conocer el modelo de seguridad salvadoreño, denominado el “milagro Bukele”, con la intención de implementar aspectos similares en Argentina, según confirmó el vocero presidencial argentino Manuel Adomi. El plan de seguridad de Bukele ha sido proclamado por su gobierno como exitoso en la reducción de las pandillas MS13 y Barrio 18, atribuyéndosele la disminución significativa de homicidios en el país, aunque ya había una tendencia a la baja desde 2015, cuatro años antes de que Bukele asumiera el poder.
El modelo de seguridad de Bukele incluye un régimen de excepción que ha sido criticado por restringir derechos constitucionales. Desde su implementación en marzo de 2022, alrededor de 80,000 personas fueron detenidas bajo acusaciones de pertenecer a pandillas, muchas de ellas sin un juicio justo. Además, se han denunciado violaciones a los derechos humanos, allanamientos sin órdenes judiciales, juicios masivos con derechos de defensa limitados y torturas en el sistema penitenciario.
Aunque Bullrich fue guiada a través del CECOT de manera cuidadosa, resaltando el orden y la limpieza, lugares como el Centro Penal La Esperanza (Mariona) y el penal de Izalco presentan condiciones muy diferentes. En estos centros, se han reportado numerosas muertes y actos de tortura contra detenidos, muchos de ellos capturados sin pruebas sólidas. De hecho, la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha documentado decenas de casos de muertes violentas y torturas en dichas cárceles.
Ingrid Escobar, miembro del SJH, señaló que en prisiones como las de Izalco prevalecen condiciones inhumanas y denunció ante congresistas estadounidenses y funcionarios de Naciones Unidas las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Bukele.
La visita de Bullrich al CECOT y el comunicado elogioso emitido por el ministerio de seguridad argentino, que calificó al centro penitenciario como “pieza clave” en la estrategia salvadoreña, contrastan con las duras realidades denunciadas en otros centros penitenciarios del país
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