Ministro de Justicia evita referirse sobre el caso de Alberto Fujimori: “El JNE tendrá que pronunciarse”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, evitó responder si considera que el exdictador Alberto Fujimori puede postular a algún cargo de elección popular luego de afiliarse a Fuerza Popular, a pesar de las múltiples condenas por violaciones a derechos humanos y corrupción. El titular de Justicia respaldó públicamente la liberación del expresidente.

El titular de Justicia indicó que su sector “no tiene injerencia en materia electoral” y “mal haría yo en pronunciarme en algo que podría generar incluso una contradicción respecto a una decisión del Jurado”.

En otro punto, se refirió a la denuncia de la procuradora general del Estado, María Caruajulca, quien advirtió a las autoridades que el exprocurador Javier Pacheco formateó indebidamente la computadora asignada al titular de la PGE.

Alberto Fujimori se inscribió formalmente en el partido Fuerza Popular el 21 de junio de 2024. La noticia ha generado expectativas sobre una posible candidatura presidencial para las Elecciones de 2026, una opción que no fue descartada por el vocero de la bancada, Miguel Torres.

La inscripción de Fujimori ha suscitado dudas sobre su elegibilidad debido a su condena a 25 años de prisión. Los abogados Andy Carrión y Hugo Mendoza, y la politóloga Leonor Suárez, consultados por Infobae Perú, coinciden en que Fujimori enfrenta un impedimento según el artículo 107 de la Ley 30717, que prohíbe a los condenados por delitos dolosos con sentencia firme postular a la presidencia o vicepresidencias.

No obstante, los expertos señalaron que este obstáculo no es absoluto. Carlos Carrión subrayó que Fujimori aún debe pagar 57 millones de soles por reparación civil, un requisito para su rehabilitación. Mendoza recordó que, según el artículo 110 de la Constitución Política del Perú, los únicos requisitos para postular a la presidencia son ser peruano por nacimiento, tener más de 35 años de edad y gozar del derecho de sufragio.

La controversia también se extiende al artículo 34-A de la Constitución, que establece impedimentos para postular a cargos de elección popular para quienes tengan una sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos. Mientras Suárez y Mendoza sostienen que esta norma no podría aplicarse retroactivamente, Carrión opina que sí podría ser aplicable.

Este debate podría verse afectado por los cambios legislativos en curso en la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por la fujimorista Martha Moyano. Según Carrión, si se excluyen los delitos que se le imputan a Fujimori del nuevo proyecto de ley y él paga su deuda de reparación civil, “en rigor sí podría postular a un cargo de gestión pública”.

El proyecto de ley se orienta a impedir candidaturas de condenados por terrorismo, tráfico ilícito de drogas, rebelión, sedición y motín, pero no incluye los delitos de asesinato, secuestro agravado y usurpación de funciones por los que fue condenado Fujimori. El abogado Carrión destacó que, de aprobarse el proyecto tal como está planteado, Fujimori podría postularse a un cargo público.

Con 90 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones, el dictamen ha retornado a la Comisión de Constitución para continuar su deliberación.