Fiscalía no podrá revisar celulares de Alan García: PJ admite demanda de amparo presentada por familia del expresidente

La Corte Superior de Justicia de Lima admitió una demanda de amparo presentada por la familia del exmandatario Alan García. El recurso busca impedir el acceso a la información de dos de los celulares del expresidente. La audiencia única se realizará de manera virtual el próximo 18 de julio a las 8:45 a.m., según información del Poder Judicial.

“Nosotros hemos pedido que se fije al fiscal José Domingo Pérez que nos indique el marco espacial, personal de lo que se quiere obtener porque si bien es cierto la autorización es ingresar a los celulares, no se puede acceder a algunas que involucre a personas ajenas a la investigación. Además, establecerse el espacio temporal para ver hasta donde y hasta cuando se tiene que de materia en la investigación además circunstancias o hechos si se dice que quieren ingresar, tendrá que precisarse quién es”, mencionó el abogado Erasmo Reyna, representante de la familia, a Canal N.

En ese sentido, insistió que “no se puede hurgar en teléfonos de quien ya no es materia de investigación, porque falleció y, con ello, los teléfonos pasaron a propiedad de los herederos que no están vinculados al proceso”.

Aunque el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, estuvo autorizado a la apertura y extracción de información de los dos celulares Samsung que pertenecieron al exjefe de Estado, esta fue suspendida debido a problemas técnicos.

El fiscal explicó que los problemas técnicos son responsabilidad de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público. “Esto ya escapa a la competencia de los fiscales y de los peritos. Es un tema eminentemente técnico y administrativo”, señaló Pérez. Además, mencionó que estos problemas podrían ser consecuencia de la gestión de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, quien fue destituida hace unos meses.

Previamente, Pérez rechazó las acusaciones de inconstitucionalidad por parte de la defensa de García, sobre la apertura y extracción de información de los dispositivos móviles del exmandatario. Los celulares fueron lacrados tras el suicidio de García en abril de 2019, cuando la policía y fiscales intentaron detenerlo.

En marzo de 2024, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional autorizó la apertura y análisis de los dispositivos de García, y dicha decisión fue ratificada en mayo por la Tercera Sala de Apelaciones Nacional.

Ricardo Pinedo, exsecretario de García, criticó la decisión, calificándola de inapropiada dado que la investigación debería enfocarse en los vivos asociados al caso, como Luis Nava. Pinedo señaló que levantar el secreto de comunicaciones de una persona fallecida contraviene el artículo 78 del código penal, lo que él considera una mala práctica judicial.

. “Me parece un mal precedente. Nunca había visto que el secreto de comunicaciones de una persona fallecida se levante. El artículo 78 del código penal es claro y concreto: Ya no hay forma de seguir investigando. No soy de adjetivar, pero es ridículo decir que no lo vamos a investigar a él sino a su celular. Si es el celular es de Alan García, es obvio que lo siguen investigando, más aún cuando hay siete personas que supuestamente conforman la organización criminal que están vivos y a ninguno se le ha levantado el secreto de las comunicaciones. ¿No es más fácil levantar el secreto de comunicaciones a los vivos?”, declaró a Canal N.

En tanto, el abogado Hugo Mendoza mencionó a Infobae Perú que se vulnera el derecho de familia al no respetar la titularidad de los bienes del expresidente que, tras su muerte, pasan a sus herederos.

“No se ha tenido en cuenta por parte de la Fiscalía, que es quien pide y tramita esto, el derecho de familia. Cuando una persona muere, sus bienes pasan a quienes se suceden. Es decir, a su familia. ¿Y qué pasa con esta sucesión? Pues se convierten en nuevos propietarios”, declaró.

“La pregunta es... ¿Se puede utilizar para una investigación estos celulares si es que este nuevo titular propietario no es parte de la investigación? Yo creo que hay un conflicto que no se ha evaluado. En este caso, a quien debería pedirse la entrega de manera voluntaria o la incautación es a los nuevos propietarios en caso de tener información relevante y no porque Alan es investigado y quiero corroborar”, explicó.