El pasado 30 de mayo, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que busca facilitar el acceso a medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos registrados en países de alta vigilancia sanitaria, los cuales están dirigidos para el tratamiento de enfermedades raras o huérfanas y cánceres de bajo y alto costo. Ante ello, la Defensoría del Pueblo pidió al Ejecutivo observar esta iniciativa, debido a que es un “riesgo a la salud”.
A través de un documento, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, hizo un llamado y solicitó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, que revise la reciente aprobación del proyecto. Para la institución existen algunas “imprecisiones” en el texto de la ley que deben ser corregidas para asegurar el derecho a la salud de la población en condiciones de seguridad.
De acuerdo con el proyecto se busca tener un acceso equitativo a los tratamientos de los pacientes. Además, tiene la finalidad de agilizar los trámites relacionados con la inscripción en el Registro Sanitario para que beneficie a los usuarios como a las autoridades sanitarias encargadas de gestionar estas solicitudes.
¿Cuál es la observación?
Con esta nueva ley, se podría facilitar el proceso para acceder a ciertos productos al permitir una aprobación automática si presentan un certificado de registro con alta vigilancia sanitaria y un certificado de libre comercialización.
Ante ello, la Defensoría del Pueblo indica que impactaría de manera negativa en las operaciones de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid). Esta entidad es la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) y su capacidad para realizar una supervisión sanitaria adecuada se vería comprometida.
Según el comunicado, esta medida limitaría las funciones de evaluación técnica de la seguridad, eficacia y calidad de los productos administrados por la Digemid, ya que no se dispondría de información esencial para el control sanitario.
“Para la Defensoría del Pueblo, ello expondría a potenciales riesgos para la salud pública a pacientes que requieren de tratamiento por enfermedades raras y huérfanas, así como cánceres tanto de alto como de bajo costo. Asimismo, a aquellas personas que requieren acceder a medicamentos que podrían sufrir situaciones de desabastecimiento como consecuencia de emergencias o pandemias declaradas”, se lee.
En otro punto, precisan que no se toma en cuenta los requisitos para obtener los medicamentos como son la ficha técnica, inserto y rotulados. Esto debido a que es importante de que los fármacos cuenten con dicha información que identifiquen su procedencia.
“Para la institución, los productos farmacéuticos deben contener información actualizada y en idioma español referente a su composición, concentración, fabricante, fecha de expiración, condiciones de almacenamiento, indicaciones terapéuticas, reacciones adversas, y contraindicaciones, entre otros”, agregan.
Es decir, existen estos puntos donde se muestra preocupación. Uno es la falta de una evaluación detallada de la Digemid podría poner en riesgo la salud pública al permitir la comercialización de productos que no han sido rigurosamente analizados. Además, de obtener los productos sin los certificados correspondientes.
La petición fue realizada el último martes 18 de junio mediante un oficio enviado a la presidenta, subrayando la necesidad de garantizar que las normas sean claras y efectivas en la protección de los pacientes.