El jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, respaldó este martes el nombramiento del exministro de Salud, Eduardo Yong Motta, como nuevo jefe del Hospital Arzobispo Loayza, a pesar de que se encuentra implicado en el emblemático caso de esterilizaciones forzadas durante la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000).
“Las designaciones en cargos de confianza obedecen al cumplimiento de requisitos para ocupar cada uno de los cargos. Doy por descontado que el señor cumple con los requisitos. En todo caso, me voy a permitir consultar y verificar que efectivamente esto ha sido satisfecho a plenitud. La consulta se la haré al ministro de Salud a efectos de que pueda obtener esa información”, declaró el premier en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Para María Ysabel Cedano, abogada de Demus-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la asignación del exministro fujimorista es “un desprecio absoluto” por los derechos de las víctimas. La letrada subrayó que las sobrevivientes registradas tienen derecho a acceder a servicios públicos de salud, pero cuestionó cómo podrían hacerlo si el director del nosocomio es el denunciado.
“Ahora es el hospital que va a estar dirigido por un procesado por esterilizaciones forzadas. Estamos ante un Estado que no respeta los derechos de las víctimas de la violencia sexual antes y durante el conflicto armado interno y de un Gobierno que juega en pared con el Congreso”, dijo en diálogo con Infobae Perú.
Yong Motta, integrante del gabinete fujimorista entre 1994 y 1996, firmó la resolución que aprobó el “Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar”, cuyo objetivo era “reducir la pobreza a través de la disminución de la tasa de natalidad”. Según la Fiscalía, este programa implementó esterilizaciones forzadas a más de 200.000 mujeres y 22.000 hombres en zonas rurales, mayoritariamente quechuahablantes y de bajos recursos.
En diciembre de 2021, el juez Rafael Martínez ordenó una investigación preliminar contra Fujimori y altos funcionarios de su gobierno, incluido tres exministros de Salud —entre ellos el nuevo jefe del Loayza— por presuntos delitos contra el cuerpo y la salud. No obstante, en diciembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia anuló el proceso judicial y la Fiscalía deberá presentar una nueva denuncia penal.
Según Wayka, Yong Motta ha sido conferencista invitado en la Escuela Naranja, promovida por el partido Fuerza Popular. Durante una de sus ponencias mencionó que las esterilizaciones forzadas formaban parte de las políticas públicas instauradas “para controlar la hiperinflación, el terrorismo y fortalecer la familia peruana”.
La Escuela Naranja cuenta con un Comité Ejecutivo Nacional, presidido por Keiko Fujimori, actualmente investigada por presunto delito de lavado de activos. Cedano considera que, si los casos de esterilizaciones forzadas y Manta quedan impunes, otras víctimas, como las de Majaz, Conga, el 14N y las detenciones en San Marcos, perderán esperanza en la justicia.
“Ellas ven que mujeres como ellas, en Manta, en Huancavelica, o que acudieron a servicios de salud del Estado, en la época de Fujimori, han luchado por gusto y más bien han sido atacadas, denunciadas, tratadas como quejosas. Hay víctimas que no se atrevan a denunciar porque este Gobierno, este Congreso, les dice que tienen el poder de dejar libres de justicia a los criminales, que pierden el tiempo, en realidad”, agregó.
Según un informe de OjoPúblico, al menos siete allegados al fujimorismo han sido contratados para altos cargos en el gobierno de Dina Boluarte. De esos, cinco permanecen como funcionarios públicos; dos son militantes y uno dejó el partido en 2022. Destacan Rómulo Mucho, ministro de Energía, y Walter Jibaja, director de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres en el Ministerio de Desarrollo Agrario.
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