Minería ilegal en Huánuco: Fiscalía Ambiental califica a la provincia de Huamalíes como “tierra de nadie” por impacto de actividad ilícita

Al igual que varias regiones amazónicas del país, el departamento de Huánuco enfrenta un creciente problema respecto a la minería ilegal. Hoy en día, la economía ilegal afecta especialmente a la provincia de Huamalíes y a la cuenca del río Marañón, principal fuente de agua del gran río Amazonas, el segundo más largo del mundo.

Pese a ello, el fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Huánuco, César González, ha descrito esta área como “tierra de nadie” debido a la falta de control estatal. Según González, la situación genera gran preocupación debido a la extracción constante de mineral aurífero, sobre todo en los centros poblados de Chuquibamba y Tantamayo.

“Mucha preocupación porque hay la extracción de mineral netamente aurífero. Y prácticamente la zona del centro poblado de Chuquibamba, de Tantamayo, en toda esa zona prácticamente hay una falta de presencia del Estado (...) a vista y paciencia de las autoridades hay instalación de dragas”, informó González, de acuerdo a la agencia de prensa ambiental Inforegión.

En términos generales, González considera la minería en Huánuco como un tema complejo tanto en su vertiente ilegal como formal. En ese sentido, para enfrentar este problema, ha propuesto la creación de un puesto policial permanente en la zona, en lugar de llevar a cabo operativos de interdicción esporádicos, con el respaldo del Decreto Legislativo n.° 1100, que faculta a las autoridades para tomar medidas en contra de estas actividades perjudiciales para el ecosistema.

En la misma línea, el fiscal mostró preocupación ante la existencia de vínculos entre la minería ilegal y el crimen organizado, situación que considera de alto riesgo para los ciudadanos que viven en el lugar, así como para el ambiente.

Hoy en día, más del 80% de la población peruana considera que el Gobierno debe abordar urgentemente el problema de la minería ilegal, según una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) e IPSOS Perú.

Una de las principales razones podría responder a que esta actividad ilícita causa pérdidas anuales superiores a S/22.700 millones, equivalentes al 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI) del país. No obstante, además de las repercusiones económicas, un 67% de los ciudadanos encuestados demanda acciones inmediatas de las autoridades para frenar los severos daños ambientales y sociales.

Las regiones más afectadas incluyen Amazonas, Huánuco, Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios, según el proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).

Sin embargo, esta última región es la que enfrenta el panorama más crítico, pues, en las últimas dos décadas, Madre de Dios ha perdido más de 31 mil hectáreas de bosques debido a la minería ilegal, afectando la biodiversidad y contaminando ríos con mercurio.

El sondeo de Ipsos revela que un 61% de los peruanos considera que la principal barrera para enfrentar esta problemática es la corrupción en las autoridades. Asimismo, un 57% de los encuestados cree que el Congreso de la República obstaculiza las acciones contra la minería ilegal y un 60% piensa que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) debería liderar la lucha.

Al respecto, Manuel Zapata, asesor legal de FCDS Perú, sugiere que, para combatir esta actividad ilícita, el Gobierno debe aprobar políticas pendientes como la Estrategia de Prevención y Reducción de Delitos Ambientales en la Amazonía, prepublicada en 2022, pero sin avances hasta la fecha.

También enfatiza la importancia de reforzar los controles administrativos de la minería artesanal y de pequeña escala, responsabilidad de los gobiernos regionales, cuyos procesos de formalización aún son deficientes.