Lote 192: federación indígena exige a Perupetro y Petroperú atender emergencias ambientales de hace más de 3 años

La reactivación del yacimiento petrolero más grande del país estará en pausa hasta que se cumpla con remediar los impactos de 13 derrames de petróleo que ocurrieron en 2020. Así lo reafirman las comunidades que viven al pie de la Cuenca del Corrientes, las más afectadas por la contaminación

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Comunidades exigen se cumplan compromisos
Comunidades exigen se cumplan compromisos de remediación ambiental antes de la reactivación del Lote 192. Foto: Andina

Desde el pasado 26 de mayo, la comunidad achuar de José Olaya, en el distrito de Trompeteros, Loreto, vienen acatando medidas de fuerzas para denunciar la inacción de Perupetro y Petroperú frente a la contaminación petrolera que los afecta hace décadas.

En concreto, los ciudadanos achuar denuncian la falta de atención a los impactos de 13 derrames de petróleo en Lote 192 —uno de los más importantes respecto a la producción petrolera del país— que ocurrieron en 2020, cuando Perupetro asumió la concesión.

Sin embargo, de acuerdo a los afectados, esta situación se agravó en febrero de 2023, con Petroperú como operadora junto a la compañía Altamesa Energy, quienes a pesar de asistir a una reunión el 1 de junio en José Olaya a miras de ofrecerse como mediadores entre las partes implicadas en busca de una solución, expresaron su incapacidad para resolver las demandas, aclarando no ser responsable de los derrames históricos.

En la Amazonía norte, la
En la Amazonía norte, la cuenca del Corrientes lleva sufriendo impactos a causa de la actividad petrolera desde hace décadas. Foto: Puinamudt

Comunidad aclara no oponerse a la actividad petrolera

A través de la Plataforma de Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt), la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (FECONACOR), organización indígena que agrupa a las comunidades nativas que viven al pie de dicho río afectado por la contaminación, reitera que no busca eliminar la actividad petrolera, sino asegurar la limpieza y remediación del territorio, conforme al contrato.

No obstante, hasta que no se resuelvan dichos aquellos pedidos, la comunidad manifiesta que seguirá bloqueando el acceso a los contratistas.

Esto debido a que, a la fecha, la incertidumbre persiste sin una nueva fecha de reunión confirmada con el propósito de abordar sus pedidos, los cuales, recalcan, deben ser escuchados por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), cartera que exigen participe también en el diálogo convocado.

Además, solicitan a Altamesa Energy —compañía socia de Petroperú— renegociar precios con las empresas comunales y establecer un cronograma para atender futuras emergencias ambientales.

Federación indígena exige diálogo con
Federación indígena exige diálogo con el Ministerio de Energía y Minas, cuyo titular es Rómulo Mucho. Foto: EFE/ Paolo Aguilar

Petroperú asumiría la operación de Lote 192 en medio de controversias

En febrero del año pasado, la empresa estatal peruana firmó un contrato por 30 años para operar el Lote 192, el cual establece la remediación de los daños ambientales generados por operaciones anteriores debe ser determinada por la autoridad competente. Y, en caso de que Petroperú participe en alguna remediación, esto no implicaría responsabilidad adicional ni costos para la empresa estatal.

Actualmente, los sitios aún contaminados se ubican en las provincias de Datem del Marañón y Loreto, en Loreto, áreas que han sufrido más de 50 años de impactos ambientales debido a las operaciones petroleras de diversas compañías, incluyendo Occidental Petroleum Company (Oxy), Pluspetrol Norte y Frontera Energy.

¿Cuál es el número de sitios impactados?

De acuerdo a un informe de Ojo Público, publicado en marzo del año pasado, hoy en día, más de 1.900 sitios contaminados siguen sin remediar, afectando a más de 20 comunidades indígenas, según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Pluspetrol Norte, que operó el lote entre los años 2000 y 2015 y es responsable de la mayoría de estos pasivos, se ha declarado en liquidación y no ha cumplido con los requerimientos de remediación, lo que ha generado múltiples procesos judiciales.

Además, en el marco del Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental, se han priorizado 102 nuevos sitios impactados, aunque los recursos actuales serían insuficientes para la remediación total, según Profonanpe, entidad privada que administra el fondo desde 2020.

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