Nueve mujeres quechuahablantes del distrito de Manta (Huancavelica) que sobrevivieron a la violencia sexual perpetrada por militares durante el conflicto armado interno escucharon este miércoles un fallo histórico que les abre el camino hacia la justicia cinco años después del inicio de un segundo juicio oral.
Diez de los 13 militares procesados fueron condenados a prisión por la Primera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria. En la lectura de la sentencia, ninguno de los acusados estuvo presente y varios participaron de manera virtual. A tres de ellos —Julio Meza, Edwin Carrasco y Diomedes Gutiérrez— se les reservó la sentencia por ser reos contumaces.
La investigación, iniciada en 2003, enfrentó varias dilaciones y negligencias, incluido el quiebre de un primer juicio oral por presuntas irregularidades de los jueces. No obstante, en 2019 se abrió un segundo proceso que incluyó una visita a Manta para inspeccionar lugares clave mencionados por las sobrevivientes, como la exbase del Ejército, el estadio y áreas aledañas donde ocurrieron los abusos.
Entre 1984 y 1995, mujeres y niñas campesinas de Manta y Vilca denunciaron que fueron sistemáticamente violadas y sometidas a otros tipos de abusos por los miembros de las Fuerzas Armadas. Muchas de ellas eran adolescentes y tuvieron que llevar adelante embarazos forzados. Cuatro décadas después, sus agresores han sido enviados a las rejas.
Sabino Valentín Rutti fue condenado a 12 años de prisión; Rufino Rivera Quispe, Vicente Yance Collahuacho, Epifanio Quiñonez Loyola, Amador Gutiérrez Lizarbe, Lorenzo Inga Romero, Raúl Pinto Ramos y Arturo Simarra García recibieron una sentencia de 10 años; Martin Sierra Gabriel fue condenado a 8 años; y Pedro Pérez López, a 6 años.
El tribunal determinó que cada víctima recibirá S/. 100,000 como reparación civil y señaló que los hechos del caso están comprendidos en la legislación internacional como delitos de lesa humanidad, por lo tanto, no pueden prescribir en el tiempo.Según el Registro Único de Víctimas del Ministerio de Justicia, más de 5.300 mujeres fueron abusadas sexualmente durante el conflicto armado. Huancavelica fue una de las cinco regiones que registró el mayor número de estos crímenes.
El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) identificó que el 83% de los perpetradores pertenecían al Ejército y la Policía Nacional (PNP), mientras que el 17% restante eran miembros de grupos subversivos. En muchos casos, los altos mandos conocían y fomentaban estas prácticas.
Cynthia Silva, directora de Demus-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y abogada que acompaña la defensa legal de tres sobrevivientes, indicó que aguarda a que el Ministerio Público “interponga el recurso correspondiente para solicitar el incremento de las penas”, que inicialmente eran de 18 y 10 años, pero que fueron reducidas a 10 y 12 años, respectivamente.
En diálogo con Infobae Perú, la letrada también exigió que la sala emita las órdenes de captura necesarias para que las penas se hagan efectivas. “No podemos conformarnos con condenados por crímenes de lesa humanidad que terminan prófugos y eluden a la justicia todos los días, burlándose del derecho a la justicia y reparación de las víctimas”, afirmó.
“Mañana hablaremos sobre la decisión de las agraviadas sobre términos de impugnación del fallo. Las penas y reparación civil no son acordes con lo que la Sala reconoce que se ha probado en juicio. Ningún acusado concurrió. Se puede ver vacíos su lugar en la sala”, siguió.
Silva también expresó su intención de interponer un recurso de nulidad y explicó que deben definir los términos en los que se llevará a cabo. “En principio, estamos de acuerdo con todos los fundamentos que sustentan una condena, y con todos los fundamentos que sustentan el daño que se ha ocasionado en estas víctimas, pero no estamos de acuerdo con la reducción de las penas [...] y tampoco estamos de acuerdo con la reparación civil que no refleja la gravedad del daño ocasionado a la vida de estas mujeres. No es proporcional”, concluyó.
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