Familiares de líderes indígenas asesinados en la Amazonía peruana siguen buscando justicia: promesas del Gobierno continúan sin hacerse efectivas

Los familiares de los líderes indígenas Santiago Contoricón y Quintu Inuma, asesinados el año pasado, continúan enfrentando amenazas en medio de un débil mecanismo de protección para defensores de derechos humanos que no logra garantizar su seguridad.

En el caso de los deudos de Santiago Contoricón, líder asháninka de Junín, quien murió en manos de de presuntos individuos vinculados al narcotráfico, su esposa, Bernardita Vega, declaró a Ojo Público que el Ejecutivo prometió un apoyo económico de 50 mil soles tras la muerte de su esposo, pero nunca lo recibieron.

También, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se comprometió a otorgar una pensión de orfandad para su hija menor, pero la disposición fue negada bajo el argumento de que la joven ya era mayor de edad.

Por su lado, Kevin Inuma, hijo de Quintu Inuma, defensor indígena de San Martín asesinado por presuntos grupos ilegales dedicados al tráfico de madera, critica la ineficacia del Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, que no logró proteger la vida de su padre. Pues, esta herramienta se limitó a enviar policías a patrullar su vivienda, lo cual no fue suficiente para evitar su muerte.

Asimismo, el hermano de Quintu, Manuel Inuma, actualmente jefe de la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu, señala que los comuneros temen por sus vidas debido a la falta de captura de todos los responsables del asesinato.

Esto pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU han pedido al Gobierno de Dina Boluarte garantizar la seguridad de la comunidad indígena kichwa a través de medidas cautelares que ya fueron otorgadas a las familias de la comunidad por parte de la CIDH.

Además, el mismo organismo internacional ha demandando al Estado peruano un informe detallado sobre el plan de acción para investigar y abordar la situación de peligro en Santa Rosillo de Yanayacu, con el fin de garantizar acciones efectivas y transparentes para proteger a los comuneros de la comunidad que siguen en pie de lucha contra la tala ilegal en su territorio.

En esa misma línea, una situación similar atraviesan los deudos de los líderes asesinados del caso Saweto, ocurrido en 2014, quienes han abandonado su territorio. Las familias aseguran que el Gobierno se comprometió a implementar un plan de acción para mejorar su calidad de vida, pero este sigue sin materializarse.

Aunque, en el mes de abril, la jefa de Estado se comprometió a implementar medidas de protección y desarrollo para la comunidad de Alto Tamaya-Saweto, en Ucayali, durante una reunión en el Palacio de Gobierno el 15 de abril.

Específicamente, en el encuentro, Boluarte garantizó refuerzos en seguridad, pensiones de viudez y orfandad, y apoyo educativo y laboral para los huérfanos mayores de edad. Además, aseguró proyectos de infraestructura enfocados en saneamiento, transporte y electrificación, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las comunidades afectadas por la tala ilegal y la violencia.

Como se recuerda, el asesinato de Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez ocurrió como efecto de su lucha contra la explotación ilegal de tierras ancestrales. Y, pese a que un reciente fallo de la Corte Superior de Justicia de Ucayali condenó a 28 años y tres meses de cárcel a cuatro individuos implicados en el crimen, la resolución aún debe ser ratificada en segunda instancia.

Mientras tanto, las familias de las víctimas aún deben lidiar con constantes amenazas, sobre todo, Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos; Julia Isabel Pérez, viuda de Edwin Chota; Lita Rojas, viuda de Leoncio Quintisima y Lina Ruiz, hija de Francisco Pinedo.

Especialistas indican que el Mecanismo Intersectorial para la protección de defensores de derechos humanos es insuficiente. César Ipenza, abogado en derecho ambiental, explica que las acciones del Gobierno deben ser más preventivas y efectivas, pese a que el Ministerio de Justicia asegura que coordina con diversas entidades para reducir riesgos.

El especialista también precisa que este mecanismo de protección debería incluir a todas las ramas del estado y no solo al Poder Ejecutivo, así como la necesidad de extender la protección más allá de los procesos administrativos o de aparecer en registros. Esto aseguraría una estructura de seguridad más robusta y completa.