La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) exigió al Estado peruano asegurarse que la ley que debilita la colaboración eficaz no sea promulgada, norma que fue aprobada por insistencia por el Congreso de la República en marzo de este año.
Según una carta de octubre de 2023 dirigida al expremier Alberto Otárola, la presidenta del Grupo de trabajo de la OCDE sobre Cohecho (Soborno) en las Transacciones Comerciales Internacionales, Daniëlle Goudriaan, comunicó una serie de “cuestiones” que este grupo esperaba que Perú atienda prioritariamente. Entre estos temas se encontraba la exigencia de que el proyecto de ley que modifica el proceso especial de colaboración eficaz “no entre en vigor”.
“Perú tendría que abordar estas cuestiones antes de que el Grupo de Trabajo pueda emitir una opinión favorable sobre la voluntad y la capacidad del país para aplicar los instrumentos jurídicos sustantivos de la OCDE que son competencia del Grupo de Trabajo”, se lee en la carta a la que accedió La Contra.
En la misiva, se indicó que una vez que Perú haya respondido “satisfactoriamente los temas planteados” el Grupo de Trabajo procedería a evaluar si el país “está dispuesto y es capaz de implementar los instrumentos legales anticorrupción de la OCDE”.
Para cuando se recibió la carta de la OCDE, el Gobierno de Dina Boluarte había observado la autógrafa de la norma, aunque únicamente cuestionó que el plazo para la celebración del acuerdo de colaboración eficaz sea de 8 meses, ampliable hasta 16 meses en casos de organizaciones criminales.
Pese a las advertencias, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia la norma y esta fue publicada en el diario oficial El Peruano como la Ley 31990. Ello pese a que la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, la Procuraduría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos advirtieron, en las opiniones remitidas al Parlamento, que los cambios al proceso de colaboración eficaz afectarían la lucha contra la corrupción.
Silencio de PCM
Según dio a conocer el periodista Paolo Benza, la entonces secretaria de Integridad Pública de la PCM, Sara Farfán Cuba, pediría al expremier Alberto Otárola hacer pública la carta para frenar el avance del proyecto de ley que debilitaba la colaboración eficaz.
Sin embargo, de acuerdo con el periodista, “no era de interés de Otárola que esa carta se haga pública. De hecho, se guardó bajo siete llaves hasta hoy”.
El hombre de prensa informó que el Grupo de trabajo de la OCDE sobre Cohecho (Soborno) en las Transacciones Comerciales Internacionales suspendió el proceso de adhesión de Perú y enviaría una comisión de alto nivel al país.
En la edición de Normas Legales de El Peruano de este martes 18 de junio se publico la resolución ministerial que acepta la renuncia de Sara Farfán Cuba a la Secretaría de Integridad Pública de la PCM. El dispositivo legal lleva la firme del premier Gustavo Adrianzén.
Más pedidos de la OCDE
Según la carta difundida por La Contra, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico también solicitó al expremier Alberto Otárola que se garantice una Junta Nacional de Justicia (JNJ) “eficaz y operativa”.
Pese al llamado, los llamados desde el Gobierno para defender la institucionalidad de la JNJ ante las arremetidas del Congreso fueron mínimos. Incluso, el Parlamento logró inhabilitar a los consejeros Aldo Vásquez e Inés Tello.
Por otro lado, la OCDE también solicitó el “registro de condenas en casos complejos de soborno corporativo, en particular los casos llevados a cabo por el Equipo Especial Lava Jato”.
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