Una denuncia por violencia sexual en Condorcanqui, región de Amazonas, ha generado indignación pública. El jueves 30 de mayo, Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, expresó su preocupación por los 524 casos registrados entre 2010 y 2024 de agresiones sexuales a escolares de su comunidad awajún.
Según reveló, la UGEL ya había sido informada de la situación, pero solo 121 docentes fueron separados de sus funciones. Dicha información generó alarma en la ciudadanía, lo que llevó a un pronunciamiento del Gobierno. Sin embargo, lejos de brindar soluciones, las declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, y la ministra de Mujer, Ángela Hernández, estigmatizaron a los pueblos originarios y minimizaron las denuncias bajo el equivocado argumento de “prácticas culturales”.
Poder Judicial se pronuncia
En un pronunciamiento oficial, el juez supremo provisional Iván Guerrero López afirmó que la Constitución reconoce a la jurisdicción comunal (justicia de las comunidades nativas y campesinas) como parte del derecho a la identidad étnica y cultural, pero que “tiene que haber una indagación” cuando se dan agresiones sexuales de este tipo.
“Estos delitos (violación) son sumamente graves y, evidentemente, son competencia de la jurisdicción ordinaria (Policía y Ministerio Público en la investigación, y el Poder Judicial para condenar o absolver)”, señaló el magistrado.
En otro momento, expresó que, cuando se produce un abuso sexual contra integrantes de una comunidad nativa o campesina, debe existir una denuncia. Guerrero López precisó que, en contextos donde el agresor sexual es un profesor, este tiene una posición de garante de las personas que están en su entorno, a quienes debe enseñar y no tener otro tipo de conductas.
“Cuando hay una denuncia de este tipo de conductas, tiene que haber una investigación por el Ministerio Público y, en su caso, terminar con las imputaciones que el Código Penal prevé, esto es materia de un proceso, luego del cual los jueces dirán si es culpable o inocente”, acotó.
Cadena perpetua
El juez supremo explicó que existe una serie de matices de carácter técnico legal para distinguir la violación de menores de 14 años, el cual debe recibir cadena perpetua, de una relación con violencia o amenaza en agravio de una persona mayor de 15 años a más. “Y no porque sea mayor de 18 años va a ser libre de un acceso sexual, tiene que estar auténticamente verificada la libertad de una persona para ese cometido”, acotó.
“Tratándose de menores de 14 años, ya no funciona esa circunstancia agravante, porque la pena es de cadena perpetua con el solo hecho de verificarse esa relación sexual”, remarcó.
En cambio, concluyó que cuando la víctima de algún otro delito de carácter sexual (violación en estado de incapacidad, violación por violencia o amenaza u otro), y existe la transmisión de una enfermedad como el sida u otra de carácter venérea, en general sí es agravante, lo cual aumenta la pena.
Ministros estigmatizan a la comunidad awajún
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Hernández, respaldó una criticada declaración hecha por el ministro de Educación, Morgan Quero. En un reportaje de Panamericana, la autoridad fue consultada por las denuncias de violencia sexual en contra de niñas y adolescentes awajún.
De acuerdo con este informe, se han presentado 524 acusaciones formales contra docentes en la localidad de Condorcanqui, en la región de Amazonas. Sin embargo, la ministra enfatizó la necesidad de “desterrar prácticas culturales” que ha calificado de inadecuadas, en lugar de centrar su respuesta en medidas de protección y apoyo a las víctimas.
La declaración de Hernández ha generado fuertes críticas por parte de diversas organizaciones y colectivos que defienden los derechos de las comunidades indígenas, quienes exigen una disculpa pública y una aclaración de las acciones emprendidas por el MIMP y el Minedu respecto a la violencia sexual denunciada contra la comunidad awajún.
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