Minsa designó como director del Hospital Arzobispo Loayza a Eduardo Yong, investigado por caso de esterilizaciones forzadas

El Ministerio de Salud (Minsa) designó temporalmente a Eduardo Yong Motta, exministro de Salud durante el Gobierno de Alberto Fujimori e investigado por el caso esterilizaciones forzadas, como director del Hospital Arzobispo Loayza. El doctor cumplirá estas funciones en adición a las que ejerce como director adjunto del nosocomio.

Como se recuerda, el nosocomio había recibido diversas denuncias por malas gestiones administrativas y desabastecimiento de insumos médicos. Trabajadores incluso realizaron un plantón para exigir cambios y una mejora en las condiciones laborales.

Es en este contexto, que el titular del Minsa, César Vásquez, toma la decisión de poner al frente del establecimiento a Yong Motta, a pesar de que su caso todavía no ha sido archivado.

En diálogo con Infobae Perú, María Ysabel Cedano, abogada de la organización Demus- Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, señaló que esta designación representa “un desprecio absoluto” por los derechos de las víctimas de esterilizaciones forzadas.

“Ahora es el hospital que va a estar dirigido por un procesado por esterilizaciones forzadas. Estamos ante un Estado que no respeta los derechos de las víctimas de la violencia sexual durante y postconflicto armado interno y de un Gobierno que juega en pared con el Congreso”, añadió.

De acuerdo con la abogada de Demus, tanto el exdictador Alberto Fujimori, como sus exministros de salud, Marino Costa Bauer, Eduardo Yong, y el actual congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, se encuentra procesados por los delitos de lesiones graves seguidas de muerte, en contexto de violaciones de derechos humanos. Mencionó, además, que los cuatro se abstuvieron de declarar durante.

María Ysabel Cedano recalcó que el caso no ha sido archivado y que todavía está pendiente que un tribunal resuelva la apelación que han presentado tanto los denunciados como el Ministerio Público.

Para Cedano, “la palabra indignación queda corta”. “Hay signos de lo que va a pasar cuando se apruebe (la ley de amnistía). Se va a repetir la historia porque si Manta y el caso de esterilizaciones forzadas se quedan sin justicia, qué le queda a las víctimas de Majaz, de Conga, del 14 N y de las detenciones en San Marcos, que son mujeres que todavía no se atreven a denunciar”, lamentó.

“Ellas ven que mujeres como ellas, en Manta, en Huancavelica, o que acudieron a servicios de salud del Estado, en la época de Fujimori, han luchado por gusto y más bien han sido atacadas, denunciadas, tratadas como quejosas. Hay víctimas que no se atrevan a denunciar porque este Gobierno, este Congreso, les dice que tienen el poder de dejar libres de justicia a los criminales, que pierden el tiempo, en realidad”, agregó.

Infobae Perú se comunicó con el Ministerio de Salud para obtener una versión oficial acerca de esta designación; sin embargo, al cierre de esta nota, no hubo respuesta.

En marzo de este año, a través de un comunicado en su cuenta oficial de Twitter, el Minsa indicó que no existen víctimas de esterilizaciones forzadas, lo cual contradice lo dicho por Pedro Cruzado Puente, jefe del gabinete de asesores, durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH).

En el comunicado, el ministerio señala que la atención integral a través del Seguro Integral de Salud (SIS) se ofrece de manera regular a todas las personas afiliadas y que el estatus de víctima es determinado exclusivamente por el Poder Judicial. Según la institución, “a la fecha, esta situación no se ha dado, siendo archivada en múltiples oportunidades”.

Por el contrario, Cruzado Puente reconoció en más de una oportunidad que sí existían personas afectadas. “Se cuenta con centros comunitarios de salud mental, donde se atiende con personal especializado, como psiquiatras, enfermeras, psicólogos, médicos de familia, etc., para brindar atención mental a estas víctimas”, mencionó.

Para María Ysabel Cedano, este pronunciamiento es contradictorio y discriminador. Asimismo, resaltó que el Estado peruano firmó un acuerdo de solución amistosa en 2003 con la familia de María Mamérita Mestanza Chávez, quien falleció después de ser sometida a una esterilización forzada.

Según la Comisión IDH, ella y su esposo recibieron “distintas formas de hostigamiento, que incluyeron varias visitas donde el personal de salud amenazaba con denunciarla a ella y al señor Salazar Suárez ante la policía”.