De acuerdo a una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) e IPSOS Perú, más del 80 % de los peruanos cree que el Gobierno debe abordar el problema de la minería ilegal. La economía ilegal que genera al Perú pérdidas por más de S/22.700 millones al año, lo que equivale al 2,5% del producto bruto interno (PBI).
Asimismo, un 67% de los ciudadanos considera que esta problemática debería ser atendida como prioridad con medidas inmediatas por parte de las autoridades. Pues, además de las consecuencias económicas, se suman severos daños ambientales que, hoy en día, afectan especialmente a los departamentos de Amazonas, Huánuco, Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios, según el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).
En esta última región amazónica la situación es bastante crítica, debido a que la actividad ilícita ha causado la perdida de bosques a un área similar a la de Lima Metropolitana, entre otros impactos vinculados a la deforestación, contaminación de ríos, enfermedades, etc.
¿Qué es lo último que se sabe de la situación en Madre de Dios?
La Fundación por la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS Perú) ha indicado que la minería ilegal en Madre de Dios, región que encabeza el epicentro de la problemática, causó la deforestación de más de 31 mil hectáreas en las últimas dos décadas y graves consecuencias a la salud a raíz de la contaminación por mercurio.
Bajo ese contexto, el sondeo de Ipsos también revela que el 61 % de los peruanos considera la corrupción de las autoridades como la principal barrera para enfrentar la minería ilegal.
Al respecto, Manuel Zapata, asesor legal de FCDS Perú, explica que la corrupción, efectivamente, debilita la gobernanza ambiental y el funcionamiento de las instituciones encargadas de controlar y sancionar la minería ilegal. Por ello, aboga por políticas nacionales que incluyan el fortalecimiento de las comisiones regionales anticorrupción.
“La minería ilegal es un delito y como tal es perseguido por el Ministerio Público y sancionado por el Poder Judicial, no obstante, el Poder Ejecutivo ha buscado enfrentar a este fenómeno criminal con la creación de diversas comisiones multisectoriales específicas1 y generales. Lamentablemente los resultados de dichos esfuerzos son pobres y no han podido detener el crecimiento de la minería ilegal y menos mitigar sus impactos ambientales, sociales y económicos”, dijo Zapata.
¿Por qué el Congreso representa un obstáculo para enfrentar la minería ilegal?
Por otro lado, hay un 57 % cree que el Congreso de la República obstaculiza las acciones contra esta actividad ilícita. Pues, aunque los resultados de la encuesta de Ipsos sugieren que el 60 % de los encuestados cree que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) debería liderar la lucha contra la minería ilegal, esta no podría avanzar hasta que el Poder Legislativo deje de presentar iniciativas que busquen favorecerla.
Sobre ello, el especialista en minería ilegal Manuel Zapata comenta: “las constantes propuestas legislativas impulsadas por el Congreso son un acto cómplice para mantener al país bajo el yugo de la informalidad y la criminalidad que va más allá de la minería ilegal. Cabe recordar que la minería ilegal es una actividad que opera en el ámbito del crimen organizado que está en aumento y que ha copado territorios, desplazando y reemplazando al Estado en muchos de ellos.”
Asimismo, en el marco de la encuesta, se detalla que un 41 % indica que esta responsabilidad debería recaer en el Ministerio del Ambiente (Minam) y el 18 % en los gobiernos regionales.
¿Qué hace falta para combatirla?
Los especialistas recalcan que para reducir la minería ilegal en el país, en primer lugar, es necesario aprobar políticas pendientes como la Estrategia de Prevención y Reducción de Delitos Ambientales en la Amazonía, que, si bien fue prepublicada en 2022, hasta la fecha no muestra avances, así como la elaboración de una Política Nacional contra los delitos ambientales.
Finalmente, destacan la importancia de fortalecer los controles administrativos de la minería artesanal y de pequeña escala, una responsabilidad que recae en los gobiernos regionales, cuyos procesos de formalización aún son deficientes.