Dina Boluarte: Procuradores cierran filas ante pedido de Fiscalía de indagar sobre planes operativos de FF.AA. y PNP

El Poder Judicial atendió este martes 18 de junio un pedido crucial en el desarrollo de las investigaciones de la Fiscalía de la Nación por el caso de Genocidio que se le imputa a la presidenta Dina Boluarte como consecuencia de las casi 50 muertes registradas durante los primeros meses de su Gobierno. Como se sabe, en aquel periodo, el Ejecutivo dispuso, ante la gran cantidad de manifestaciones en diferentes regiones del país, que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú salieran a las calles. Ahora tres procuradores de diferentes instituciones buscan ocultar las órdenes de aquellos días.

Si bien el delito de genocidio por el que se intenta investigar a la presidenta Dina Boluarte es la más débil de las imputaciones que la Fiscalía de la Nación esgrime su contra, los procesos que ha iniciado para conocer sobre este tema son sustanciales. Como parte de estas diligencias, la Fiscalía requirió, desde un inicio, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) y a la Policía Nacional (PNP) que presentaran los planes operativos sostenidos durante los meses de diciembre del 2022 y febrero del 2023; fechas en las que el Ejecutivo desplegó sus fuerzas del orden contra la ciudadanía.

Dicho requerimiento fue rechazado desde un inicio tanto por los ministerio de Defensa y del Interior, como por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Ante la reticencia de las instituciones a las que se solicitó el pedido, el Ministerio Público acudió ante el Poder Judicial a fin de que este otorgue el acceso a esta delicada información, que después de todo, supone el acceso a datos de inteligencia; pero que puede permitir esclarecer el grado de responsabilidad que pesa sobre el Estado respecto a los 49 asesinatos registrados en dicho periodo.

Esta disposición fue aprobada en una primera instancia por el juez Juan Carlos Checkley, otorgando a la Fiscalía la posibilidad de poder revisar dicha documentación; sin embargo, el Gobierno parece haber enfocado todos sus esfuerzos en que esta medida sea otorgada en favor del Ministerio Público.

En la audiencia de este martes, un procurador del Mindef, uno del Mininter, y uno más de la PCM intentaron sustentar la apelación a la decisión inicial que le otorgaba la razón al fiscal Luis Felipe Zavala en el pedido para liberar la reserva de estos documentos.

Ante ello, en la audiencia, que fue atendida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. presidida por el magistrado César San Martín, los tres abogados reiteraron al tribunal que “revoque la decisión judicial que dispuso que el Comando Conjunto de las FF. AA. y la Policía Nacional entreguen a la Fiscalía los planes de operaciones ejecutados para sofocar las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023″.

No obstante, en los alegatos del Equipo Fiscal representados por Zapata se precisó que la información de operaciones requeridas al CCFFAA y a la PNP no debe ser considerada como reservada, pues de hacerlo, podría significar una grave afectación al derecho de acceso a la justicia y a la verdad que apoya a las víctimas.

Cabe destacar que esta documentación ya fue entregada a la Fiscalía, que se encuentra realizando las revisiones del caso; sin embargo, que se dé la razón a los tres procuradores del Estado podría implicar afectaciones graves a los deudos y víctimas implicados en este caso. Tras escuchar los alegatos de ambas partes, el colegiado San Martín señaló que emitiría una resolución en el plazo acordado de ley, que se espera sea un periodo de 15 días.