Algunos de los episodios de la historia del Perú tienen momentos críticos que muchos desearíamos dejar en el olvido. Pese a ello, cada uno forma parte del camino que hemos recorrido como nación. Dentro de estos instantes recordamos la matanza de los penales, enmarcada en los convulsionados tiempos del terrorismo que remecieron al país.
La historia en cuestión ocurrió entre los días 18 y 19 de junio del año 1986, cuando las fuerzas del orden ejercieron la violencia para reprimir levantamientos en los penales El Frontón, Santa Bárbara y Lurigancho. Por aquellos días se vivía un estado de maltrato y falta de condiciones en los penales, según las opiniones de la época, asimismo, el sistema judicial se caracterizaba por su lentitud en los procesos.
Caso el frontón
Dentro de este contexto y en plena época del terrorismo, muchos de los acusados de este delito eran enviados al penal El Frontón, un centro penitenciario ubicado en la pequeña isla en el Callao que estaba destinado para los presos peligrosos. Pese a ello, incluso el expresidente Fernando Belaúnde Terry fue un huésped de este lugar.
Con Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) pisándole los talones al gobierno de Alan García, la situación era crítica y penales como el de El Frontón estaban atiborrados de presuntos simpatizantes extremistas.
Así llegaría el motín que inició en el Pabellón Azul del penal, encabezado por miembros del Sendero. A la par, la situación se repitió en Lurigancho y Santa Bárbara, mientras que en la capital se llevaba a cabo una conferencia mundial de la Internacional Socialista, que tenía como invitados a decenas de líderes políticos del mundo.
Según indica un documento de la Biblioteca Virtual de la Verdad y Reconciliación, los amotinados indicaron que hubo un intento de genocidio contra ellos en venganza por la muerte del del contralmirante Carlos Ponce Canessa, ex jefe del Servicio de Inteligencia de la Marina de Guerra, quien había caído a manos de Sendero Luminoso el 5 de mayo de ese año.
Los hechos
Durante ese día los reos tomaron como rehenes a miembros del personal penitenciario y la Guardia Republicana. La crisis no se pudo contener de manera pacífica y se restringió el acceso al penal para autoridades civiles como jueces o fiscales.
Así, todo quedaba listo para que la Marina de Guerra solucionara la situación al mando de los capitanes de navío AP Luis Giampietri Rojas y AP Juan Carlos Vega Llona. Más tarde, llegó hasta el lugar el viceministro del Interior, Agustín Mantilla, quien suspendió toda negociación con los presos amotinados como parte de una orden directa del presidente García.
A las 3:00 p. m. del 19 de junio, las fuerzas de la Marina usaron armamento como dinamita, bazucas y explosivos C-3 para demoler el Pabellón Azul y tomar el control de la situación. Lo lograron, ya que muchos de los reclusos se rindieron.
Pese a esto, varios de los reos fueron llevados a una zona conocida como ‘los baños’, donde luego de su rendición fueron asesinados con disparos y bayonetas. Según el documento citado anteriormente, “producto de las acciones murieron 3 infantes de Marina y otros 20 resultaron heridos. Fallecieron al menos 118 internos, la mayor parte de ellos torturados y posteriormente ejecutados. Asimismo, se registró un gran número de desaparecidos”.
Investigaciones
Un hecho de esta naturaleza no podía pasar desapercibido por la historia. Las investigaciones tras la conocida matanza de El Frontón se llevaron a cabo con los testimonios de colaboradores, quienes aseguraron que hubo supervivientes gracias a la llegada del presidente del Senado de la época. Por otro lado, se precisa que Mantilla estuvo en todo momento comunicando las acciones mediante un transmisor, pero no se sabía a quién daba parte de ello. Lo cierto es que no hubo responsabilidad para los militares que participaron en las acciones para contener el motín.
Las Investigaciones también pasaron por el Congreso de la República, aunque no se logró materializar una denuncia.
Hacia el año 2002 se supo que el presidente Alan García estaba de acuerdo con la eliminación de terroristas ya que “se había acabado con dos de los principales centros de adoctrinamiento de senderistas”, según el documento de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también tomó parte en este caso y se logró demostrar que muchos internos que se rindieron fueron asesinados y se planificó desaparecer sus cuerpos. Lo cierto es que el caso tiene larga data y muestra parte de los complejos procesos que el país ha atravesado con el paso de los años.