Familiares de mineros secuestrados hace 40 días exigen justicia: “Que la PNP haga su trabajo”

En la región La Libertad, desde hace más de un mes, una madre y tres familias denuncian la desaparición de sus hijos, quienes fueron vistos por última vez el 5 de mayo, luego que la Policía halló calcinado el vehículo en el que se trasladaban.

De acuerdo a un informe de Exitosa, los cuatro jóvenes se dirigían al distrito de Buldibuyo, en Pataz, provincia asediada por la minería ilegal, para trabajar en una mina conocida como ‘La Gringa’.

Las familias han expresado su descontento con el accionar policial, ya que aseguran no recibir apoyo de las autoridades. Con urgencia, solicitan la intervención de la presidenta Dina Boluarte para intensificar la búsqueda.

Desde el primer día que reportaron la desaparición de los jóvenes, los familiares han señalado a Reynaldo Fernández Sandoval como el principal sospechoso. Según los denunciantes, el ciudadano es propietario de la mina ‘La Gringa’ y estaría detrás del secuestro de las víctimas.

Sin embargo, pese a que los afectados han acudido a la Tercera Macroregión Policial para exigir de manera reiterada una respuesta del general PNP José Zavala Chumbiauca, el oficial ha respondido que ya cumplió con su obligación al entregar toda la información al Ministerio Público y la Fiscalía, y, por ahora, no hay más diligencias que realizar.

Pero los familiares han decidido no quedarse con los brazos cruzados. Hace unos días, interpusieron una denuncia contra los efectivos policiales involucrados en la búsqueda, así como a la fiscal Yudith Campos, acusándolos de encubrir evidencias relacionadas con el paradero de sus seres queridos.

No obstante, los cuestionamientos no terminan ahí. Hay otros que apuntan directamente al general José Zavala Chumbiauca, cuya versión respecto a los responsables del secuestro ha sido desmentida por al menos un trabajador que sobrevivió al hecho.

Inicialmente, el 5 de mayo, cuando los familias reportaron los hechos, se informó que fueron seis los trabajadores mineros secuestrados, de los cuales solo dos lograron ser liberados. Tras ello, estos informaron a las autoridades haber sido despojados de todas sus pertenencias y aclararon que otras cuatro personas se mantenían desaparecidas.

Pero, esta versión fue rápidamente desmentida por Edwin Ramos de la Cruz. “No es así, señor general. A todos no nos han soltado, solo a dos”, aseveró el joven en diálogo con Exitosa, sin brindar más detalles por posibles amenazas.

En Pataz, grupos involucrados en la minería ilegal han derribado 15 torres de alta tensión con el fin de ganar terreno en la provincia, además de causar la muerte de 17 personas, en lo que va del año.

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Víctor Gobitz Colchado, ha explicado que dos de las principales causas de estos hechos radican en el alto precio del oro y la ineficaz formalización de la minería a través del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Por su parte, Greco Quiroz, expresidente de la Comisión de Energía y Minas del Gobierno Regional de La Libertad, ha advertido que la falta de control policial y fiscalización por parte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) facilitan estas actividades ilícitas, que a su vez financian al crimen organizado.

Por ello, Rubén Vargas, exviceministro del Interior, indica que para enfrentar la minería ilegal es necesario que el Gobierno aborde el tema desde un enfoque integral y coordinado que garantice la protección de la economía formal, el medio ambiente y la seguridad regional.