Según el dominical Contracorriente de Willax, en el epicentro del poder empresarial estatal, una controversia reciente ha desatado fuertes críticas y cuestionamientos. Alfonso Jesús Garcés Mangari, figura clave en el entramado político desde tiempos pasados, regresa a la escena pública bajo la sombra de acusaciones recientes que sacude los cimientos de su nuevo cargo como director ejecutivo del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).
Con una trayectoria marcada por su cercanía con figuras políticas prominentes, su ascenso al puesto de liderazgo en Fonafe ha generado una ola de interrogantes sobre los criterios de selección y la ética pública. Recordado por su rol como viceministro durante el gobierno de Ollanta Humala, su carrera está salpicada por controversias y vínculos cercanos con altos funcionarios del Estado, incluido el actual Primer Ministro, Gustavo Adrianzén.
Infringió la ley
La más reciente denuncia que involucra al amigo del Premier no es menor. En junio del año pasado, fue detenido por la policía en San Isidro bajo la acusación de conducir en estado de ebriedad. Según el parte policial, su nivel de alcohol en sangre superaba el límite legal establecido, un hecho que levantó críticas no solo por la gravedad del delito, sino también por la posición de responsabilidad que ahora ocupa en el ámbito estatal.
La controversia se amplifica al considerar que, en lugar de enfrentar las consecuencias penales que acarrean estos actos, Garcés Mangari se benefició de una decisión administrativa que, según expertos en derecho, podría ser cuestionable en términos de equidad y justicia pública. Aunque se le impuso una multa simbólica y una suspensión de licencia de conducir, su nombramiento en Fonafe plantea serias dudas sobre la meritocracia y la transparencia en los procesos de selección de altos funcionarios, según el dominical de Willax.
¿Cuál es su cargo?
El Fonafe, entidad responsable de supervisar y dirigir las actividades empresariales de más de treinta y cinco empresas estatales, incluyendo entidades cruciales como Sedapal y el Banco de la Nación, juega un papel fundamental en la economía nacional. La designación de su director ejecutivo no es un asunto trivial, ya que impacta directamente en la gestión y gobernanza de estas importantes instituciones, afectando desde la administración presupuestaria hasta la gestión de recursos estatales.
Los críticos de esta designación argumentan que tales decisiones reflejan un patrón preocupante de nepotismo y favoritismo dentro de las esferas de poder, erosionando la confianza pública y socavando los principios de una administración pública basada en la meritocracia. Para muchos observadores, la falta de consecuencias significativas por parte de Garcés Mangari tras su arresto por conducir en estado de ebriedad deja ver una cultura de impunidad que no solo afecta la imagen del gobierno, sino que también pone en riesgo la seguridad ciudadana.
La respuesta a las acusaciones
La respuesta oficial del gobierno ante estas críticas ha sido ambigua. Si bien se ha señalado que las acciones de Garcés Mangari no comprometen su capacidad para ejercer su nuevo cargo.
Alfonso Jesús Garcés Manyari fue designado como el nuevo director ejecutivo del Fonafe, según la Resolución Suprema N° 015-2024-EF. La decisión fue anunciada este viernes 26 de abril, en el diario oficial El Peruano.
Esta designación pone fin a la gestión de Roberto Martín Sala Rey, quien ocupaba el cargo desde el pasado 18 de febrero. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es la entidad que ha formalizado este cambio en la directiva de Fonafe.
Garcés Manyari, abogado especializado en gestión pública, regulación y asociaciones público-privadas (PPP), posee formación en GNS Guzmán Napurí & Segura Abogados y la Universitat de Barcelona, España.
El Fonafe es una entidad de derecho público adscrita al sector Economía y Finanzas, encargada de normar y dirigir la actividad empresarial del Estado. Sin embargo, no incluye dentro de su ámbito las empresas municipales ni los centros de producción y prestación de servicios de las universidades públicas.