En el marco de la celebración del Día del Padre, la presidenta Dina Boluarte incluyó en su mensaje a la Nación de este domingo 16 de junio un pronunciamiento a propósito del escándalo que reportó la existencia de un total de 524 menores de comunidades nativas que sufrían abuso sexual por parte de sus docentes. En sus declaraciones, la mandataria sentó la posición oficial del Gobierno respecto a la situación de las menores, luego de que dos de sus ministros intentaran justificar los abusos como “prácticas culturales” generando indignación nacional e internacional.
Las declaraciones de la mandataria han establecido una posición, sobre todo en una situación controversial debido a los recientes comentarios de dos integrantes de su Gabinete. La Ministra de la Mujer, Ángela Hernández; y el Ministro de Educación, Morgan Quero, sugirieron que los denunciados abusos sexuales a más de 500 menores de comunidades indígenas podrían deberse a “prácticas culturales”.
Como respuesta a estas imprecisiones, a mandataria afirmó: “Aprovecho también esta oportunidad, para reafirmar mi compromiso con cada niño y niña del Perú, que siempre vamos a protegerlos de cualquier tipo de violencia. Seremos vigilantes y severos con aquellos que sean responsables de alguna agresión física o psicológica”.
La postura real del Gobierno sobre los abusos sexuales de manos del Minedu y el MIMP
Esta postura ha sido ampliamente criticada pues, por un lado, normaliza el abuso sexual y, por otro lado, instrumentaliza y hasta estigmatiza, a las comunidades indígenas; dando a entender que los abusos sexuales son una práctica usual en comunidades nativas, hecho que no es cierto. En cambio, las excusas ofrecidas por estos ministros han sido vistas por muchos como un intento de minimizar la gravedad de los abusos y de desviar la atención de la responsabilidad del Estado en la protección de estos menores.
Las declaraciones de Boluarte son vistas como un intento de contener las reacciones negativas y de reafirmar el compromiso del gobierno con la protección infantil. Sin embargo, quedan preguntas sobre cómo se implementarán estas políticas y qué acciones concretas se tomarán para proteger a los menores de las comunidades indígenas.
Como se sabe, quien inició con el escándalo fue el aún ministro de Educación, Morgan Quero, quien el último jueves habló sobre el hecho, en el que se advirtió que las menores abusadas habían sido, incluso, contagiadas con VIH, señalando que: “Si es una práctica cultural que lamentablemente sucede para ejercer una forma de construcción familiar. Vamos a ser prudentes, pero también exigiremos una respuesta a la población. Si estas niñas han sido violadas, no nos va a temblar la mano”.
Un día después, con la intención de respaldar el desliz del ministro, la actual titular del Ministerio de la Mujer, Ángela Hernández, aseveró que “se trata, efectivamente, de prácticas culturales que debemos desterrar, informar a las niñas y a las adolescentes, sobre todo, que es importante postergar sus relaciones sexuales y, si lo van a hacer, que sea protegido. Cuando es por abuso sexual tenemos que prevenir”.
Comunidades niegan que el abuso a menores sea una “práctica cultural”
Mientras tanto, en las comunidades indígenas afectadas, ya existe un pronunciamiento conjunto en el que incluso han rechazado que estos abusos sean considerados como “prácticas de sus culturas”, y que comprueban la existencia de un presunto apañamiento hacia las violaciones por parte de Quero y Hernández.
las familias y líderes comunitarios se encuentran desconcertados y angustiados ante las declaraciones de las autoridades. Un líder comunitario expresó: “Nosotros nunca hemos justificado la violencia; estas interpretaciones nos hacen mucho daño. Queremos que se investigue y se castigue a los culpables, pues las víctimas son nuestras niñas, nuestro futuro”.
“Señor ministro de Educación, Morgan Quero, el abuso sexual contra niños y niñas no es una práctica cultural de los wampis es un delito. Más de 524 denuncias de abuso y acoso sexual se reportaron entre 2010 y 2024 contra docentes de la provincia de Condorcanqui, territorio awajún y wampis. En el distrito de Río Santiago, se denunciaron 175 docentes por estos delitos contra estudiantes wampis del nivel primaria y secundaria, pero solo 121 fueron separados en toda la provincia”, anunció en su pronunciamiento la Nación Wampís.