Durante toda la última semana, el Congreso de la República ha recibido comunicados, cuestionamientos, llamados de atención y solicitudes para frenar la aprobación de lo que fue llamado por expertos como “paquetazo congresal” en el que diversas leyes buscaban ser aprobadas. Y si bien un grueso de normas sí fueron abarcadas en la última sesión del periodo legislativo 2023-2024, existieron algunas, mucho más polémicas, que el presidente del Congreso, Alejandro Soto aseguró, serían vistas en la Comisión Permanente.
Pero, ¿cómo es esto posible?; pues debido a la aprobación de facultades legislativas que se le otorgó a la Comisión Permanente y que se encuentra vigente hasta el 19 de julio. Con esta disposición vigente, el Legislativo tiene la facultad de aprobar normas que han suscitado no solo la preocupación de entes supranacionales veladores de los derechos humanos, sino también el pronunciamiento de más de 16 embajadas en conjunto y que advierten impunidad y atentados contra la democracia.
Estas normas pendientes de votación y que podrían pasar a ser atendidas ya no por el grueso de congresistas, sino por apenas un puñado de los representantes, corresponden a la nueva ley de amnistía, que habilita la prescripción de crímenes de lesa humanidad desde antes del año 2001; y la ley que intenta modificar las normas de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, con la que se busca perjudicar a ONG vigilantes del Estado de derecho.
‘Ley de Amnistía’ y ‘Ley que debilita las ONG’ en agenda
Otra norma que podría perjudicar a la ciudadanía, y que estaría pendiente de votarse en la Comisión Permanente del Congreso de la República, es la norma de pensión por consumo, con la que se busca reformar el sistema previsional, pero que tiene pendientes dos pedidos de reconsideración que aún no han sido absueltos.
Estas tres propuestas, entre otra gran cantidad de normas, han sido advertidas como las pendientes que el mismo Legislativo busca priorizar, pero que ante la fuerte ola de críticas y del interés por parte de organismos extranjeros no fueron atendidas durante la legislatura presidida por Alejandro Soto. Sin embargo, nada descarta que sean abarcadas en las sesiones de la Comisión Permanente que se instalará una vez que culmine la semana de representación y que abarca los días del 17 al 24 del presente mes.
“Señores congresistas, se hace el siguiente anuncio, el día de ayer en el pleno del Congreso de la República se ha delegado facultades a la Comisión Permanente para legislar hasta el día 19 de julio. En consecuencia, vencido el plazo de la semana de representación, se va a convocar a la Comisión Permanente para poder tratar los temas que han quedado pendientes”, señaló el mismo Soto el último sábado previo al cierre de la actual legislatura.
Normas que Alejandro Soto evitó aprobar
Cabe destacar que el cierre de legislatura generó polémica, pues se pudo notar a un gran ausente: el discurso final del periodo de Alejandro Soto. Y es que la falta de atención a estas dos polémicas normas que se busca aprobar bajo los reflectores jugó un rol importante.
Como se sabe, durante la sesión del viernes, los congresistas que presentaron la norma de prescripción de delitos de lesa humanidad, Alonso Cueto y Fernando Rospigliosi, pidieron que esta norma sea votada dentro de la legislatura. No obstante, y debido a la atención que existía sobre ella, que incluso ameritó llamados de atención por parte de la CIDH, la Corte IDH, la Fiscalía de la Nación, y otros organismos veladores de Derechos Humanos, dicho pedido no fue atendido por Alejandro Soto, quien busca perfilarse a la reelección.
En una nota previa de este medio, se pudo conocer que el principal motivo para que Alejandro Soto rehuyera esta acción fue el evitar abucheos por parte de legisladores que buscan aprobar esta norma a como dé lugar; así beneficie a exmilitares sentenciados, como a terroristas en la misma condición, por delitos como la desaparición forzada, el homicidio calificado y la tortura.