El relator especial sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), José Francisco Calí Tzay, afirmó que el dictamen aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República en contra de las ONG “viola los derechos de los Pueblos Indígenas y de la sociedad civil en general”.
En ese sentido, el abogado y diplomático guatemalteco invitó al Parlamento a “no considerar la reforma”, que también ha recibido críticas por parte de otros organismos nacionales e internacionales.
Como se recuerda, 16 embajadas y delegaciones internacionales expresaron su preocupación por la propuesta que busca modificar la Ley 27692, la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), una entidad adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Las democracias son más inclusivas, equitativas, estables y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger y responder a las necesidades de los ciudadanos”, se lee en el comunicado firmado por Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea.
La Coordinadora de Derechos Humanos también comunicó que las sanciones administrativas propuestas serían desproporcionadas y que podrían llevar a la disolución de asociaciones sin causa justa ni debido proceso.
Poder Ejecutivo rechaza comunicado
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se mostró en contra del pronunciamiento de las oficinas de representación. “Perú es una república absolutamente independiente”, manifestó.
“El comunicado que han hecho público 16 embajadores no deja, sino llamarnos la atención. Nosotros nos reconocemos como una república absolutamente independiente y a ello, además, debemos agregar que, constitucionalmente, poseemos las facultades para reglamentar las leyes por supuesto que incluyen también la posibilidad de modificar el marco legal que en lo que a nosotros al Ejecutivo nos compete, sin embargo, no dejamos de reconocer que la amistad que tenemos por los países”, aseveró.
“Seguramente nuestro canciller Javier González Olaechea a su retorno de la misión en la que ahora se encuentra, sabrá convocarnos para reunirse con estos representantes de estos países hermanos”, agregó.
En esa misma línea, el ministro de Relaciones Exteriores declaró que si bien no conoce el contenido del proyecto, sabe que la iniciativa invoca normas de otros países donde se aplica registros, fiscalización y controles. “Esta opinión que han adelantado algunas embajadas es una opinión que tiene un tono injerencista”, aseguró.
¿Qué cambios se pretenden implementar?
La propuesta, impulsada por Alejandro Aguinaga, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, fue aprobada con 12 votos a favor y uno en contra, siendo mayoritariamente apoyada por los congresistas de Fuerza Popular.
Entre las medidas contempladas, se incluye la creación de una unidad especial adscrita a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), encargada de supervisar el uso de los recursos de las ONG.
También se prevé un incremento de sanciones por participación o instigación de actos que se consideren contrarios a la paz social, y la posibilidad de denunciar indicios de ilícitos en el uso de recursos de cooperación técnica internacional ante el Ministerio Público.
El proyecto tendría que evaluado en el Pleno del Congreso antes de que culmine la legislatura el 15 de junio. La iniciativa cuenta con el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso, los cuales lideraron la votación en la comisión el 5 de junio con un bloque mayoritario de 14 votos.
La APCI se encarga de articular la oferta y demanda de cooperación técnica internacional en los diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil. También buscan el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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