Organizaciones piden renuncia del ministro de Educación, Morgan Quero, por justificar agresiones sexuales a niñas awajún

Diversas organizaciones que defienden los derechos humanos exigen la renuncia del ministro de Educación, Morgan Quero, por justificar y minimizar agresiones sexuales denunciadas por el Consejo de Mujeres Awajún a estudiantes en la región de Amazonas. Más de 500 casos de abuso perpetrados por docentes con VIH se registraron en la región de Condorcanqui en los últimos 14 años.

El Movimiento Manuela Ramos, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), entre otras organizaciones, expresaron indignación por la normalización de estos delitos por parte del titular del sector Educación, tras calificar como “prácticas culturales” al abuso sexual en comunidades indígenas.

Resaltan que el Estado debe actuar con diligencia y aplicar medidas especiales para proteger a las víctimas, en conformidad con el Convenio 169 de la OIT sobre derechos de Pueblos Indígenas y Tribales. La carta exige investigaciones rápidas, sanciones efectivas, atención integral y acompañamiento a las sobrevivientes de violencia y sus familias.

También piden medidas efectivas por parte del Estado para prevenir cualquier tipo de violencia hacia la niñez y adolescencia, y reiteran su solicitud de renuncia inmediata del ministro Quero para asegurar una mayor protección y justicia para las víctimas.

Al igual que los colectivos arriba mencionados, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) manifestaron su indignación y rechazo frente a recientes declaraciones del Ministro de Educación sobre las denuncias de abuso sexual a niñas awajún. ONAMIAP considera inaceptable la utilización del relativismo cultural para minimizar y justificar la violencia sexual.

El organismo indígena resalta que dichas denuncias son graves violaciones cometidas por profesores, lo que agrava la vulnerabilidad de las niñas debido a la falta de acceso a servicios de salud adecuados y culturalmente pertinentes. Según ONAMIAP, usar la cultura como excusa perpetúa la impunidad e invisibiliza la seriedad de estos crímenes.

La organización exige tres acciones específicas: una investigación exhaustiva y medidas de tolerancia cero hacia los agresores, incluida la suspensión inmediata de los involucrados en el sistema educativo; la garantía de protección y apoyo integral a las víctimas, y una disculpa pública del Ministro de Educación, junto a su renuncia inmediata.

La Defensoría del Pueblo también expresó preocupación por la situación de vulnerabilidad que enfrentan niñas y adolescentes awajún en la región Amazonas, quienes habrían sido víctimas de violencia sexual por parte de docentes. Desde 2010, se han registrado 524 denuncias en la provincia de Condorcanqui, un problema que, según la Defensoría, afecta severamente la dignidad y los derechos fundamentales de estas menores.

El Minedu según la Defensoría, debe concluir su comisión de diálogo y elaborar un informe detallando las acciones adoptadas para garantizar una atención integral bajo enfoques de niñez e interculturalidad. Además, se solicita que el Ministerio informe sobre los procedimientos administrativos respecto a estas denuncias para proceder a la separación inmediata de los docentes implicados.

La institución enfatiza que cualquier acto que vulnere la indemnidad sexual de menores, como la violación sexual, constituye un delito que debe ser tratado con celeridad y diligencia por los operadores de justicia. La institución rechaza cualquier justificación que intente validar estos actos como prácticas culturales de las comunidades indígenas. Según el Comité de los Derechos del Niño, persisten actitudes patriarcales y estereotipos que discriminan a las niñas y fomentan la violencia contra ellas.