Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aseguraron que ley que se promueve en el Congreso para que delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra prescriban contraviene el derecho internacional.
“La adopción del proyecto de ley 6951/2023-CR pendiente de aprobación ante el Congreso peruano, impediría la persecución penal, condena y sanción de las personas que cometieron tales crímenes antes de julio de 2002, obstaculizando el acceso a la justicia, y el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas”, dijeron los expertos en un comunicado.
La iniciativa aprobada en primera votación plantea “precisar” que el Estatuto de Roma y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad tiene vigencia en legislación peruana desde el momento en que el Estado se adhirió. Es decir, luego de 2002.
Para los expertos, ello obstaculizaría la persecución penal, condena y sanción de las personas que incurrieron en estos ilícitos, dificultando el acceso a la justicia, y el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas.
“La aprobación del proyecto de ley pondría a Perú en franca contravención de sus obligaciones en virtud del derecho internacional”, apuntaron. “De hecho, las leyes de prescripción no pueden aplicarse a las violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y a las violaciones graves del derecho internacional humanitario, que constituyen crímenes en virtud del derecho internacional”, agregaron.
Los expertos sacaron a colación de que la “mayoría de Estados” ha modificado sus leyes internas para adoptar la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, por lo que la iniciativa del Congreso “choca con los valores básicos de la comunidad internacional, fomenta la impunidad y está en patente contradicción con el Estado de Derecho”.
Finalmente, hacen un llamado al Parlamento para que las normas a ser aprobadas “cumplan plenamente con el derecho internacional y las normas de derechos humanos”.
Los expertos de la ONU que suscriben el pronunciamiento son Bernard Duhaime, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Morris Tidball-Binz, relator sspecial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y Aua Baldé, Gabriella Citroni, Grażyna Baranowska, Ana-Lorena Delgadillo Pérez y Angkhana Neelapaijit, integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Corte IDH se pronuncia
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha solicitado suspender el proceso de la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad en Perú. Esta solicitud busca evaluar el impacto de dicha ley en los casos La Cantuta y Barrios Altos. El proyecto de ley, conocida como 6951/2023-CR, fue aprobado por el Pleno del Congreso peruano el 6 de junio con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones. Aún falta una segunda votación en el Poder Legislativo antes de pasar al Ejecutivo para la aprobación final.
El gobierno de Dina Boluarte deberá decidir si observa o acepta la propuesta. Desde 1981, Perú acepta la competencia contenciosa de la Corte IDH, lo que permite que el país sea evaluado por violaciones a los derechos humanos en instancias supranacionales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) y los representantes de las víctimas de los casos mencionados han sido convocados a una audiencia pública virtual el próximo lunes 17 de junio del 2024, como parte del 168 Período Ordinario de Sesiones del tribunal.
La solicitud inicial de medidas provisionales fue presentada por familiares de las víctimas, y el Estado peruano tuvo hasta el 12 de junio para presentar sus observaciones, según reveló Carlos Rivera Paz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Diversas organizaciones, como la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), entre otras, respaldan el pedido. En un comunicado, la Junta de Fiscales Supremos rechazó el proyecto de ley argumentando que la acción penal por delitos de lesa humanidad es imprescriptible y su aprobación generaría impunidad.
La Ley podría beneficiar a miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y funcionarios implicados en violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. De aprobarse, también se aplicaría a personas sin sentencia, como es el caso del exdictador Alberto Fujimori.
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