El Congreso de la República rechazó el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para detener la tramitación del proyecto de ley que prescribe los delitos de lesa humanidad y anunció que tramitará dicha iniciativa cuando “lo crea conveniente”.
En un comunicado, el Parlamento sostiene que el artículo 43 de la Constitución establece que el Perú es una “república democrática, social, independiente y soberana” e insiste en que es “el primer poder del Estado”, pese a que esta afirmación ha sido rebatida por el Tribunal Constitucional.
Además, el Poder Legislativo afirma que es “independiente en las decisiones que por mandato constitucional y legal le corresponden”.
La CIDH había solicitado al Congreso detener la tramitación del proyecto de ley que “precisa” la aplicación del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad en la legislación peruana debido a que es contraria al derecho internacional y “desobedece abiertamente” sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En caso se aplicara dicha norma, los delitos considerados de lesa humanidad o crimen de guerra prescribirían si han sido cometidos antes del 1 de julio de 2002, fecha en la que entró en vigencia el Estatuto de Roma en el Estado peruano.
Cerca de 600 casos quedarían impunes
Según la Fiscalía de la Nación, cerca de 600 casos, en investigación o en trámite ante el Poder Judicial, serían archivados, generando “impunidad y vulneración al derecho a la verdad de los agraviados y sus familiares”.
Casos en los que se generaría un impacto son Chuschi, El Frontón, Huanta 84, Barrios Altos y el Santa-Aldo Velásquez, Huancapi, Cantuta-Pativilca, Cedruyo, Cantuta-Aldo Vásquez, Madre Mía, Humaya Chambara, Universidad del Centro, Paccha, Putis, Hilario Trucios, Casos del Comunicado de Prensa Conjunto, El Frontón, Mamérita Mestanza, Sobres Bomba, Castro Castro, Accomarca y Galván Borja.
Corte IDH se pronuncia
Por otro lado, el último jueves, la Corte IDH solicitó al Perú que suspenda el trámite de la ley que prescribe delitos de lesa humanidad hasta que se evalúe su impacto en los casos La Cantuta y Barrios Altos. Esta medida, según informes presentados, responde a la necesidad de garantizar justicia y transparencia en estos procesos de derechos humanos.
El proyecto de ley, identificado como 6951/2023-CR, fue aprobado por el Pleno del Congreso peruano el pasado 6 de junio con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones. Antes de convertirse en ley, deberá pasar por una segunda votación y luego ser revisado por el Poder Ejecutivo.
Previamente, la Corte IDH exigió que el Estado peruano presente observaciones sobre la solicitud de medidas provisionales formulada por los familiares de las víctimas antes del 12 de junio, pero el plazo fue ampliado a pedido del Perú.
Diversas organizaciones, entre ellas la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), han solicitado estas medidas. Estas organizaciones argumentan que la aprobación de la norma podría llevar a la impunidad en casos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, vulnerando el derecho a la verdad para las víctimas y sus familias.
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